Insultos

Los límites de la libertad de expresión están en el delito de injuria, dice el Tribunal Constitucional, y la libertad de crítica es más amplia cuando se trata de responsables públicos. El problema de restar credibilidad al poder judicial es que luego no se confía en la justicia para restaurar el honor o la dignidad personal, si es que nos queda. Pero, puestos a otorgar confianza, mejor depositarla en los profesionales del derecho, que conocen las libertades fundamentales.

Algo que no ocurre en el Parlamento, al parecer, pues lo habitual es un cruce de acusaciones, reproches e insultos que a sus señorías les molesta ver en los medios de comunicación, pero no en el hemiciclo, donde amparados por la inviolabilidad se sienten legitimados para dar rienda suelta a los instintos más primarios.

En ese contexto, no sorprende que el insulto sea también la práctica habitual en los campos de fútbol, que ya se parecen bastante al Congreso. España no es un país racista, nos dicen, pero a Vinicius le llaman «mono», como al jugador argentino Marcos Acuña, y «gitano» a su entrenador, Quique Sánchez Flores, y «negro de mierda» al portero Cheikh Sarr, sancionado por encararse con el espectador que lo insultó.

Y si se publica en IDEAL que la base de Armilla podría acoger un campamento para mil inmigrantes, la noticia se convierte en la más comentada. «¿No éramos ya muchos?», dicen. «¿Mil personas deambulando por Armilla, las Gabias y Alhendín?» Por si acaso, el Ayuntamiento de Alhendín se ha apresurado a paralizar las obras. Y en los plenos de otro Ayuntamiento, el de Maracena, eran comunes los insultos y las declaraciones homófobas del concejal de Vox, lo que ha propiciado entre otros motivos una moción de censura. Quizá también deambulemos, como hacen el Gobierno y parte de nuestros políticos. En España, el insulto suele ser el objetivo de cualquier debate. Prediquen con el ejemplo.