No había un plan preconcebido

1.- Desde el Palacio de San Telmo, sede de la Junta, nunca nadie organizó un plan de corrupción, para llenarle los bolsillos a otros, ni para enriquecerse ellos. Ninguno se llevó ni un euro.

2.- La instructora, Mercedes Alaya, vio un plan corrupto ideado por los dirigentes de la Junta (ahora demostrado falso), que se concretaba en reparto arbitrario de fondos para empresas en crisis (tesis veraz en ciertos casos).

3.- Esta instrucción se convirtió después en una sentencia demoledora de la Audiencia de Sevilla; y en la del Tribunal Supremo, donde dos de sus cinco miembros (Ana María Ferrer y Susana Polo), coincidieron con lo que acaba de fallar el TC.

4.- La potestad de elaborar el borrador de los presupuestos compete al Gobierno Autónomo; y su aprobación, al Parlamento. Sin embargo, los Tribunales citados criminalizaron estos proyectos, tildándolos de prevaricadores, cuando el ejecutivo y el legislativo actuaban en el ejercicio de sus competencias.

5.- Donde sí hay fraude, según el TC, es en el reparto, muchas veces arbitrario, realizado en la Consejería de Empleo, sobre cuyos autores deberá caer todo el peso de la ley, por malversación (sustraer dinero público o permitir que otros lo detraigan).

6.- También fueron acusados de malversación (conlleva cárcel), algunos altos cargos, incluido Griñán, sin haber tenido relación con el reparto de fondos. Al referirse a Griñán, las dos magistradas del Supremo manifestaban: «No se ha acreditado que interviniera en la concesión concreta de ayudas fraudulentas, ni que supiera que se estaba disponiendo de los caudales públicos con destino al lucro ilícito de terceras personas». Esto lo ha corroborado el TC.

7.- En definitiva, según el Tribunal de garantías, a los acusados se les vulneró la presunción de inocencia (art, 24.2 de la CE) y se les condenó sin pruebas, pues «no puede trasladarse automáticamente la responsabilidad de quienes gestionaron las ayudas en la Consejería de Empleo, a quienes se limitaron a aprobar las partidas presupuestarias correspondientes…»

8.- No es cierto que se defraudaran 680 millones de euros, porque la inmensa mayoría de los 6.400 trabajadores acogidos a los ERE recibieron sus indemnizaciones, y las siguen recibiendo de la actual Junta de Andalucía, gracias a las mismas normas presupuestarias que se tildaron de ilegales.

9.-Es irreparable el daño que se les ha hecho a estas personas. Han sido tildados de corruptos; vilipendiados y despreciados en mítines, Parlamentos, prensa, radios, televisiones, tertulias… ¿Quién les devolverá ahora su crédito personal y político? ¿Quién restituirá su honradez? ¿Quién les resarcirá el sufrimiento padecido, y la rabia de saberse despreciados aun siendo inocentes?

10.-A pesar de todo, han actuado con una entereza y dignidad encomiables; y con un respeto absoluto a la Administración de Justicia. Por favor, respétenlos ya. No sigan diciendo ahora que la decisión del Tribunal no es ecuánime, porque se falta a la verdad, a la honradez de los juzgados, y al respeto que merecen las instituciones, en este caso, el TC, el máximo órgano de garantías, cuyos miembros han sido elegidos de acuerdo con la Constitución.