Libre circulación de capitales y declaración de bienes en el extranjero

Pero ocultar se ocultaba todo lo que se podía y se sigue haciendo en nuestro país. A muchos les salen ronchas cuando se les pide solidaridad y justa contribución al sostenimiento de los servicios públicos. Y para colmo suelen actuar como moscas cojoneras; son los que más protestan por las carencias de servicios tan fundamentales como la sanidad y la educación.

Ya no se estila esconder dinero debajo del colchón (ni enterrar tesoros, como hacían los romanos) y cada vez son más sofisticados los mecanismos para ocultar bienes y derechos en el extranjero, apartándolos del escrutinio de Hacienda. En un mundo bajo la libre circulación de capitales, los entramados de operaciones con empresas pantalla o testaferros han sustituido a los evasores de pacotilla, sorprendidos por las fuerzas del orden en los controles de pasaportes y aduanas cuando intentaban sacar el dinero amasado en España en vuelos con destino a Suiza. Las maletas con doble fondo son de otra época.

Hervé Falciani reveló una lista de 130.000 clientes de 200 países con cuentas no declaradas, por importe de 78.000 millones de euros, en la sucursal del banco británico HSBC en Ginebra. Entre ellos, conocidos empresarios, directivos, deportistas, nobles (de título, no de espíritu), artistas y numerosas —sobre el papel— 'amas de casa'. Francia suministró a España información de dicha lista, en la que figuran miles de posibles defraudadores. Falciani proporcionó pistas valiosas y las investigaciones dieron fruto. Sirva de ejemplo la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) 97/2019, de 16 de julio, que confirmó el empleo de la denominada 'lista Falciani' como prueba de cargo lícita y suficiente para condenar a un procesado por delitos de defraudación fiscal, al haber ocultado a la Hacienda española la existencia de diversos fondos de su titularidad en las cuentas del referido banco en Suiza. Sorpresas las hubo y muchas. Según la prensa española, la familia de Emilio Botín abonó a Hacienda más de 200 millones de impuestos por bienes no declarados en España.

Dos meses después de constituirse el primer Gobierno de Mariano Rajoy se aprobó el Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, que permitía a los titulares de bienes o derechos provenientes de rentas no declaradas regularizar su situación tributaria, pagando un 10% del valor de los mismos, sin sanciones, y sin intereses ni recargos. Dicha regularización ('amnistía fiscal' en la prensa de la época) fue declarada inconstitucional por quebrantar los límites materiales del Decreto-ley. La sentencia del TC 73/2017, de 8 de junio, señala que «en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal», la regularización anulada supuso «la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos (art. 31.1 CE)». A finales de 2012 se comprobó que la recaudación del proceso de regularización quedaba muy por debajo de lo previsto. El Fisco estaba famélico por la caída en picado de los ingresos tributarios (70.000 millones de euros menos entre 2008 y 2012) y había que contener el déficit y la galopante deuda de las administraciones. Llenar las arcas del Estado era un objetivo apremiante y por enésima vez se planteó a prisa y corriendo un plan para combatir el fraude fiscal. ¡Más leña a los defraudadores! En este escenario, el ministro Montoro impulsó la aprobación de las medidas plasmadas en la Ley 7/2012, de 29 de octubre, para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude. Tanta fue la intensificación que se pasó en la frenada. 'El Montorazo' lo llaman algunos fiscalistas. Lo que no había conseguido la regularización lo conseguiría el modelo 720, una declaración-retorsión con un régimen sancionador que metía el miedo en el cuerpo a los residentes con bienes y derechos en el extranjero. Quienes incumplieran la obligación informativa sobre dichos bienes o la cumplieran imperfecta o extemporáneamente verían gravados esos activos como «ganancias patrimoniales no justificadas» sin posibilidad, en la práctica, de alegar la prescripción. Además, esa misma conducta sería sancionada con multa proporcional del 150% del impuesto calculado sobre las cantidades correspondientes al valor de dichos bienes o derechos, acumulable a las elevadas multas de cuantía fija que también se prevén, cuyo importe no guarda relación con las impuestas ante conductas similares en el ámbito puramente nacional. Así lo afirma la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 27 de enero de 2022.

¿Quién debió advertir al ministro Montoro y a los diputados y senadores de que el Reino de España estaba restringiendo desproporcionadamente la libre circulación de capitales, sin respetar el principio de proporcionalidad de las sanciones? Otros países como Alemania, Francia e Italia obligan a informar de cuentas y bienes en el extranjero de manera más comedida y considerando el riesgo de evasión de impuestos en caso de incumplimiento (en el caso de Francia la sanción es mayor si los bienes están en países con los que no tiene convenio de información mutua).

La cuestión es que no paguen justos por pecadores y que los recalcitrantes defraudadores den al César lo que le corresponde y no salgan indemnes de la ocultación. Así es como van a salir buscando amparo en la sentencia, porque los platos se han roto, señores, y no hay quien los reponga.