Salvemos la Vega de Granada

La escasez de agua es un problema global que se siente de manera acuciante en la Vega de Granada. Los cultivos tradicionales que han dado vida y sustento durante siglos a este ecosistema están en peligro. ¿Qué sentido tiene discutir sobre placas fotovoltaicas si los campos se secan y se vuelven estériles? ¿No es más urgente asegurar un suministro adecuado de agua para nuestros agricultores? La falta de rentabilidad también ha obligado a eliminar cultivos tradicionales de la Vega o sustituirlos por otros y como consecuencia muchos agricultores se han visto obligados a abandonar sus tierras. ¿Podemos entonces esperar que las futuras generaciones mantengan las tradiciones agrícolas si estas no les ofrecen un sustento digno? La crisis silenciosa de falta de mano de obra es otro de los obstáculos que está minando su productividad y sostenibilidad. Porque ¿quién está dispuesto a trabajar la tierra cuando las condiciones no son favorables? Pero nadie quiere arreglar esto.

En medio de esta vorágine surge la pregunta crucial: ¿quién defiende realmente a los agricultores y ganaderos de la Vega de Granada? Las plataformas ciudadanas y ecologistas que dicen defenderla, que se manifiestan y organizan conciertos, solo quieren espacios verdes para pasear sin importarles quién tiene que mantenerlos. Por lo visto, los agricultores y los problemas que estos tienen son solo de ellos. A nadie le importa que tengan o no agua y que desaparezcan explotaciones a diario. No es excusa la defensa del patrimonio natural para ignorar las necesidades urgentes de los agricultores y ganaderos.

La Declaración de Utilidad Pública de las instalaciones eléctricas establecida en el artículo 54 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, que se utiliza como argumento en contra del mencionado proyecto fotovoltaico es una figura legal pertinente y no se ve afectada en este caso por el hecho de que la promotora sea una empresa privada. No define la utilidad pública quién ejecuta la obra, sino qué se ejecuta. Y ¿no es acaso la Administración la que define qué y dónde se necesita la energía? La oposición, fundamentada en la idea del 'colonialismo energético', ignora, por lo demás, las motivaciones de los agricultores y ganaderos que sí venden voluntariamente sus terrenos para la instalación de estas infraestructuras como una decisión económica personal y particular y, en este sentido, creemos que es mejor que empresa y afectados discrepantes lleguen a un acuerdo antes de que se declare la expropiación forzosa.

El Gobierno español podría legislar en qué territorio no se pueden poner placas fotovoltaicas evitando impactos negativos en áreas de alto valor agrícola y cultural, como se ha hecho en Italia tras aprobarse un decreto que veta determinados terrenos y esto nos parece perfecto. Pero mientras no ocurra así, un propietario que tenga un terreno donde se quiera desarrollar un proyecto de energías renovables, con todas las autorizaciones e informes ambientales favorables, como aquí sucede, no hay argumento legal para echarlo atrás sin incurrir en prevaricación. Sigamos mejor el ejemplo de nuestro vecino país y desarrollemos una normativa que proteja nuestros recursos agrícolas sin sacrificar el avance hacia energías limpias.

La Vega de Granada está en peligro y debe ser protegida, pero no a través de un negacionismo simplista y miope a proyectos energéticos. Que no nos engañen. La verdadera amenaza radica en la falta de agua, la falta de rentabilidad de los cultivos y la falta de mano de obra. Estos son los problemas que debemos abordar con urgencia si queremos preservar este valioso patrimonio. ¿Estamos listos para tomar medidas concretas y efectivas?