Un gran pacto de Estado para abordar el sinhogarismo

Al recelo social se suma el miedo cerval al famoso 'efecto llamada'. Y ello por razones obvias: la imagen que algunos de ellos presentan podría «ahuyentar» al negocio turístico o «devaluar» el precio de las viviendas, así lo piensan algunos. Además en nuestro imaginario está el miedo y la inseguridad. Luego, están los prejuicios: hay quien piensa de antemano que el asunto «carece de solución», «quieren vivir así, enganchados a los ganchos que sean, comiendo del limosneo, zanganeando sin rumbo y sin atenerse a normas». Caben otros ingredientes: «que son irrecuperables», que es una «lacra crónica», que no hay caudal en el mundo capaz de sacarlos del pozo. En este grupo hay quien piensa que destinar fondos públicos a estas labores no revierte y nada aporta. «A fin de cuentas no producen más que gasto».

Por su parte, a muchas conciencias personales les parece del todo imposible asumir la mochila que ellos portan: porque pesa demasiado y ya cargan el peso de otras mochilas pesadas. Hay una incapacidad reconocida –y seguro que legítima– en quienes confiesan lástima pero se lavan las manos y miran para otro lado.

Hay un segmento de población minoritario que los quiere aparcar muy lejos, en un gueto inexistente porque su casa es la calle. Piensan esto o parecido con toda la convicción: ya sea desde la conveniencia personal, cierta autocomplacencia o puede que por ignorancia. «Ya no hay sitio para tanto sucio, tanto loco y tanto inútil».

A la oficina de este defensor llega también la versión opuesta del asunto: quienes ruegan que se ofrezcan más recursos y soluciones humanas. Se cuentan entre ellos vecinos que les ven deambular y piden respuestas a sus instituciones; personas que asumen tareas aisladas de voluntariado y luego hay gente muy comprometida que se pone junto a ellos a diario, con todo lo que conlleva. Pero estos –también estos– tienen muchos detractores, una inmensa masa crítica que les tilda de buenistas, de tener doble moral, de ser meros cobradores de la eterna subvención para los pobres. He llegado a escuchar comentarios bien dañinos contra ellos: «Que se los lleven a su casa».

Pero afortunadamente los de aquí y los de allá coincidimos en un diagnóstico único: a semejante grado de exclusión se llega por una cadena imparable de infortunio, por una cadena de terribles carambolas, capacidades mermadas, erróneas decisiones o todo ello de golpe. No es asunto de culpas ni cabría señalar responsables, la vida se le tuerce a cualquiera, la mente se enferma y no siempre hay asideros para todos.

Creo que, como individuos, no debemos limitarnos a indagar qué pasó, por qué duermen en el banco o cómo llegaron a eso. Tampoco debiera bastar con tratarles desde el respeto y la distancia a partes iguales, la cosa no va conmigo o «yo, poco puedo hacer».

Como individuos y como sociedad deberíamos reivindicar para las personas sin hogar y con ellas –junto a ellas– un gran pacto, un pacto institucional en el que todos los ejecutivos unieran esfuerzos aportando dinero para contratar profesionales, dinero para equipamientos, dinero para los medios materiales y humanos que ayuden a estos desheredados vecinos nuestros.

El hacerlo no perjudica a nadie: resulta descabellado sentar que la cuantía económica que se inyecta para atender a personas en exclusión se resta o mengua recursos para proyectos que atraen prosperidad o reparten bienestar. Son cuentas muy diferentes que atienden necesidades ciudadanas diferentes. Sería como pensar que el presupuesto destinado a becas se come el gasto público consignado para hacer más autovías.

Es urgente e imprescindible un 'Pacto de Estado' frente al sinhogarismo: un acuerdo de todas las fuerzas políticas para financiar un plan nacional de apoyo a las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos; un compromiso de no utilizar esta realidad desde la demagogia, y de evitar el peregrinaje de estas personas de ciudad en ciudad, de plaza en plaza, de una región a otra. Un gran pacto para dar soluciones a corto, medio y largo plazo que acaben con la dura situación en la que viven estas personas, una realidad que tiene una dimensión local, autonómica y estatal, e incluso derivadas europeas.

Comenzando por el Gobierno de España, en el marco de su 'Estrategia nacional contra el sinhogarismo 2023-2030' y con cargo al presupuesto general del estado. Por supuesto se debería contar con el apoyo de recursos provenientes de fondos europeos, teniendo en cuenta que en el período plurianual vigente (2021-2027) se ofrecen múltiples oportunidades para el desarrollo operativo de esta Estrategia. También la Junta de Andalucía cuenta con una estrategia vigente al respecto, una estrategia que se detalla en 20 programas en los que se agrupan 98 medidas de actuación con sus correspondientes presupuestos y partidas. En el Ayuntamiento de Granada la atención a este colectivo corre por cuenta del Centro de Orientación y Atención a Personas sin Hogar y Transeúntes y, por último, del lado de la Diputación Provincial, son múltiples los municipios que cuentan con transeúntes empadronados, aunque algunos residan en las calles de la capital.

Todas las instituciones tienen responsabilidad, estrategias, programas, planes aprobados y presupuestos. Pero, sobre todo, todas las instituciones tienen que aportar porque el perfil de las personas sin hogar resulta tan variado como variadas somos las personas con hogar. También por eso, las competencias son de todas las administraciones, y me explico… Hay vecinos sin techo que no nacieron aquí, otros sí. Hay personas con adicciones y con trastornos mentales, otras estarán sanas. Los hay más capacitados y otros con diversidad funcional. Hay de todos los sexos, edades y condiciones. Los hay granadinos de nuestros barrios y también de nuestros pueblos.

Aquí no cabe una línea que segmente al colectivo para poder derivar los casos a la atención exclusiva de una única administración. Ni pueden seguir nuestros vecinos de la calle peregrinando, sin saber a dónde, en busca de recursos.

Qué positivo sería convocar una mesa inter-institucional e invitar a miembros del colectivo y de las asociaciones y entidades que les representan para estudiar juntos lo que haya que estudiar. Y luego presupuestarlo. Un gran pacto de índole nacional que represente a todos y cada uno de los ámbitos competenciales.

No podemos seguir obviando a los que duermen tirados en un cartón en mitad de ningún sitio o de un sitio que no es de nadie.