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Si no me equivoco, ha pasado casi un año de la aprobación de la nueva ley que regula las garantías jurídicas para que las relaciones entre los animales y los humanos sean mutuamente satisfactorias, lo cual requiere en este caso garantías para los animales, que ... son la parte más vulnerable de esta ecuación. Es decir, que se trata de establecer por ley determinadas obligaciones y prohibir comportamientos que suponen que los humanos tenemos todo el derecho a hacer lo que queramos con esos seres que podemos calificar como 'hermanos menores', incluyendo toda clase de vejaciones y sufrimientos. La han llamado 'ley de Bienestar animal' como contraposición para luchar contra el 'maltrato animal' y entró en vigor el viernes 29 de septiembre de 2023, sustituyendo otras normas que estaban vigentes desde los comienzos del siglo XXI. Lo digo con cierta tristeza, porque es muy injusto que no hayamos sido capaces de comprender antes la importancia de este tipo de regulaciones.
Uno de los asuntos que trata la ley se refiere al abandono de las mascotas en plena calle, una práctica bastante generalizada por cierto: «mi gato, o mi perro, tiene una enfermedad, y como no estoy dispuesto a cuidarlo, lo suelto en la calle, a ver si alguien se apiada de su sufrimiento, cosa que no he hecho yo, por egoísmo, por cobardía o a lo mejor es que creía que era un muñeco de peluche y resulta que es un ser que tiene necesidades, sentimientos, que sufre y goza, es decir, que tiene alma, un alma pequeñita, pero real.
Hace unos días, en IDEAL, salía a relucir este asunto en un reportaje de Inés Gallastegui que nos contaba la odisea de una perra abandonada a su suerte con sus siete cachorros, de no más de un mes de vida, que encontraron unos pastores en medio de los bosques de Güéjar Sierra. Esto es algo frecuente en los abandonos: deshacerse de las hembras y en el caso de que estén preñadas, dejarlas por ahí y desentenderse.
En estos casos, según la ley, deben hacerse cargo los ayuntamientos, pero he aquí que en Güéjar dijeron que no cuentan con instalaciones adecuadas, que sería «inasumible» hacerse cargo de la famélica madre y sus cachorrillos. Así lo notificaron ante el Seprona, es decir el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, que encontró una salida en un refugio para animales privado de Ventas de Huelma y de allí a varias familias madrileñas.
Digamos que por la buena voluntad de algunas personas se solventó un caso que no será el único y el drama terminó bien. Esto es lo que está ocurriendo: no hay estructuras, ni dinero para organizarlas y quizá tampoco demasiado interés. Y nos preguntamos si en la Diputación granadina están haciendo algo al respecto, teniendo en cuenta que en su web ni aparece la noticia de la nueva ley y lo que hay es de la ley de 2003.
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