El necesario debate sobre la Justicia

Hay que volver a recordar que este sujeto, el tal García Juliá, García Juliá es un fanático ultraderechista que era parte activa de Fuerza Nueva y fiel escudero de su líder, Blas Piñar. Alrededor de las 11 de la noche del 24 de enero de 1977, junto a sus compinches José Fernández Cerrá y Fernando Lerdo de Tejada, entró en el despacho laboralista del número 55 de la calle Atocha, vinculado a Comisiones Obreras. Sin miramiento alguno, asesinaron a tiros a los 'enemigos de la Patria' Enrique Valdevira, Luis Javier Benavides, Francisco Javier Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez, e hirieron de gravedad a Alejandro Ruiz-Huerta, Luis Ramos, Miguel Sarabia y María Dolores González. Ni huyeron estos asesinos, ufanos con su acción. Y, a pesar de las largas condenas de las que fueron objeto en 1980, el propio García Juliá salió con la libertad condicional en 1991. Un año después, en 1992, otro juez 'condescendiente' le permitió aceptar una oferta laboral en Paraguay, con la condición de presentarse cada mes en la Embajada española. Dada su calaña, lógicamente se fugó.

Como broma del destino, saldrá de prisión el día 19 de noviembre, justo un día antes del aniversario de la muerte de los dos últimos dictadores que han sojuzgado a este gran país. Más pareciera un homenaje a su acción, ligada aquellos, que una simple casualidad. Estoy seguro de que se trata de esto último, pero no me negarán ustedes que tiene su miga. Sobre todo, en la misma semana que la primera autoridad judicial de la nación, Carlos Lesmes –presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo–, ha vuelto a retratarse criticando agriamente las críticas del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Y lo ha hecho silabeando su actual cargo público como vicepresidente del Gobierno. Fíjense que, durante los años más calientes del caso Gürtel, no se le entendió con la misma claridad a la hora de referirse al presidente, a varios de sus ministros o al expresidente Aznar, amable padrino en sus 'escarceos' políticos.

Ya saben que Lesmes y todo su Consejo están en funciones desde finales de 2018. Es decir, va para dos años que el órgano de gobierno de los jueces y magistrados españoles debería haberse renovado. Un motivo más que suficiente para que la quinta autoridad del Estado permanezca lo más calladito posible en los medios de comunicación. Sus palabras desde la interinidad tan solo interesarán a la opinión pública cuando anuncie el traspaso de poderes al flamante presidente del CGPJ. Así lo establece la Constitución. Algo que debería concernir a aquellos y aquellas que desgastarán el nombre de nuestra Carta Magna de tanto pronunciarlo, porque de ellos y ellas depende que esa transición se produzca. Desde luego, dadas las manifestaciones de unas y otros, por parte del Gobierno hay un compromiso de renovación, y por parte de la oposición poner palos en las ruedas seguirá siendo su leitmotiv.

Y en estas estamos. El Poder Judicial enrocándose una y otra vez en su alma trasnochada, desde el caso García Juliá y Cía., pasando por el de Baltasar Garzón –para cuando al menos un reconocimiento a este hombre–, la chirigota procedimental de la Gürtel o el descarado ninguneo a las víctimas del franquismo. Por no hablar del asunto catalán, en el que se han juntado Ana sus pollos. Y el poder legislativo atizándose mamporros con la participación activa del 'matón del barrio', la más alta e interina autoridad judicial del Estado. Poco nos pasa.