Un nuevo contrato social

Tribuna ·
Cuando termine la pandemia, no bastará con volver a la situación de partida, sino que será necesario adoptar los principios de una economía que haga retroceder al hipercapitalismo y disminuya las desigualdades

Viernes, 26 de marzo 2021, 00:58

Dice el Fondo Monetario Internacional que tras la pandemia vendrá un ciclo de revueltas sociales provocadas por la desigualdad, que estallarán por causas varias. Es más que probable. Nuestra época es de transición. Vivimos a la vez el final de un ciclo histórico y el ... nacimiento de una nueva edad. El ciclo que termina arrancó con el Renacimiento y se ha prolongado hasta nuestros días, marcado por la hegemonía de Occidente. Este ciclo pareció culminar con la caída del Muro de Berlín, al término de la Primera Guerra Fría, cuando se llegó a pensar que Occidente había consumado el fin de la historia. En este clímax se dijo que la sociedad no existe y que sólo existen las personas. Y, a partir de ahí, el sistema capitalista entró en una desbocada espiral de desregulación en aras de un liberalismo concebido sin freno alguno, que desembocó en la crisis financiera de 2008, de la que puede decirse que no fue una crisis universal, sino una crisis de Occidente, y que no fue una crisis del mercado, sino de mercaderes, es decir, de actitudes, de conductas, de personas. Se dejaron de observar aquellas pautas de conducta y de respetar aquellos límites sin los que la vida económica se convierte en un patio de monipodio. Así, por ejemplo, la crisis de las hipotecas tuvo su origen en una sostenida práctica irregular de muchas entidades que concedían créditos sin atender a la capacidad de retorno de sus clientes, con la sola garantía hipotecaria de una finca sobrevalorada y con unos avalistas puramente formales. Por todo ello, en 2008 pasó lo que tenía que pasar: estalló una crisis financiera devastadora, cuyos costes recayeron en las clases populares y las clases medias, con el efecto inmediato del aumento de la desigualdad hasta niveles obscenos. Lo que generó, a su vez, la reacción de los «indignados», que han nutrido luego los populismos de toda laya.

No es extraño que en este marco haya surgido, desde hace ya algún tiempo, un movimiento empresarial, académico y político que pretende lograr un equilibrio estable entre la búsqueda del máximo beneficio como objetivo empresarial y el reconocimiento operativo de los efectos de las decisiones empresariales sobre el conjunto de la sociedad. Y en este movimiento se inserta el seminario organizado por la Fundación Alternativas, bajo el título 'Propósito y Función Social de la Empresa'.

La pandemia ha acentuado la necesidad de esta iniciativa, que se hace eco de las actuales disfunciones del sistema capitalista: estancamiento de la productividad, desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza, y evidencia de las consecuencias negativas del cambio climático. Así, Edgar Morin ha escrito, un pequeño libro –'Cambiemos de vida. Lecciones de la pandemia'– en el que dice que «la pandemia ha acentuado dramáticamente las desigualdades espacio-sociales», y «también ha demostrado que los menos favorecidos, basureros, personal de limpieza, camioneros, cajeras o telefonistas, eran más vitalmente necesarios que los privilegiados». Todo lo cual ha replanteado el tema de la reforma de la empresa y, más aún, la urgencia de un cambio del contrato social concertado después de la Segunda Guerra Mundial.

En efecto, según el contrato social de postguerra correspondía a la empresa el único objetivo de generar el mayor beneficio posible para los accionistas y era misión de los Estados nacionales todo lo demás: defender la libre competencia en los mercados, redistribuir la renta y la riqueza para igualar las oportunidades y forzar la internalización de las externalidades (a través de leyes, impuestos y subsidios). Pero el desgaste del sistema ha provocado serias disfunciones. Lo que a su vez genera la necesidad de establecer un nuevo contrato social que redefina la responsabilidad del Estado y de las empresas para la consecución de los objetivos colectivos de prosperidad, inclusión y sostenibilidad y precise los cambios necesarios en la propiedad y la gobernanza de las empresas para asumir las nuevas responsabilidades que les corresponden. Una tarea nada fácil que también habría de plantearse la necesidad de ciertas desglobalizaciones parciales en los ámbitos de la sanidad, la alimentación y la energía. Este nuevo contrato habrá de propiciar formas de propiedad y gobernanza que sostengan visiones de largo plazo incompatibles con la filosofía de buena parte de los fondos de inversión, cuyo lema parece ser 'entra, trocea y gana'. Los órganos de gobierno de las empresas no han de ser sólo 'agentes' de la propiedad del capital.

Cuando termine la pandemia, no bastará con volver a la situación de partida, sino que será necesario adoptar los principios de una economía basada en un 'new deal' de recuperación económica y de reforma social que haga retroceder al hipercapitalismo y disminuya las desigualdades.