Posverdades

Ad Líbitum ·
La gravedad del golpe de Estado de 2017 reside en que continúa ejecutándose a cámara lenta, con la participación directa del Gobierno

Javier Pereda Pereda

Viernes, 26 de febrero 2021, 00:14

En el 40º del intento de golpe de Estado del 23-F, el 70% de los jóvenes no sabe quien era Antonio Tejero. Según el periodista y escritor Jesús Palacios existe una verdad oficial y otra verdad real sobre aquella asonada. Las únicas pruebas en ... el juicio fueron testimonios orales, sin desclasificar las conversaciones telefónicas entre los principales afectados. Se llegó a un consenso institucional, en el que el Rey Juan Carlos I se erigió en héroe salvador de la democracia, aunque con su posterior poco ejemplar conducta haya emborronado su hoja de servicios. La verdad oficial presenta muchos interrogantes, porque esta agresión al orden constitucional no fue estrictamente militar; de ser así, no se hubiera reconducido de inmediato. La verdad real apunta a una especie de 'Operación De Gaulle', en la que los militares conminaron a la Asamblea a nombrar a este general para evitar una guerra civil. La situación política de la entonces reciente democracia española era convulsa (asesinatos de ETA, descontento con el Gobierno de Suárez), con una Constitución recién aprobada en la que el Estado de las Autonomías no resolvía el independentismo vasco y catalán. El papel en la sombra de los servicios de inteligencia del Estado fue decisivo, coordinando a las fuerzas fuerzas políticas, civiles e institucionales.

Es significativa la frase de Josep Tarradellas: «España necesita un golpe de timón». Pero más elocuente fue la del propio Rey ahora emérito: «A mí dádmelo hecho». El CESID del comandante Cortina orquestó dos operaciones paralelas. La primera, un 'golpe duro' protagonizado por el teniente coronel Antonio Tejero, que irrumpió en el hemiciclo pistola en mano con 300 guardias civiles al grito de «¡Quieto todo el mundo!», «¡Se sienten, coño!»; a la vez que zarandeaba al general Gutiérrez Mellado, vicepresidente primero del Gobierno. La segunda, un 'golpe blando' a cargo del general Alfonso Armada Comyn, amigo íntimo del rey Borbón, que, siguiendo el guion de la operación francesa, coordinaría un Gobierno de concentración compuesto por dirigentes de distintos partidos políticos como Felipe González, Manuel Fraga o Santiago Carrillo. La enemistad entre el monarca con el presidente del Gobierno era clamorosa, como testimonian sus adláteres en la Zarzuela: «Ayudadme a librarme de Suárez»; pero la tarde de autos ya se estaba votando la elección de Leopoldo Calvo Sotelo. La simpatía del jefe del Estado con los socialistas era notoria, quizás para ganarse el favor de los sectores de izquierda, él que había sido nombrado por Franco. Tejero no aceptó el Gobierno de concentración del 'Elefante Blanco' y frustró el plan urdido por distintas instituciones. Después de que el Rey estuviera hablando por teléfono durante toda la noche —conocer aquellas conversaciones hubiera contribuido a conocer la verdad real—, ordenó deshacer el intento golpista.

El capitán general Milans del Bosch obedecería de inmediato y retornó los tanques a sus acuartelamientos. Aquel intento de golpe de Estado está sirviendo de excusa para que los actuales enemigos de la unidad de la Nación —los partidos independentistas y el Gobierno social-comunista— ataquen la monarquía constitucional, único dique de contención con el discurso del Rey Felipe VI el 3-O. Entre el intento de quebrar el orden constitucional de 1981 y el de 2017, es mucho más grave el segundo. La sentencia del 'procés' condenaba a los golpistas por el delito de sedición y no de rebelión, como solicitaba el Ministerio Fiscal; al cabo de tres años los condenados gozan del tercer grado, pendientes de una amnistía disfrazada de indulto. Los condenados por el 23-F cumplieron quince años íntegros de prisión y no se presentaron a unas elecciones.

La gravedad del golpe de Estado de 2017 reside en que continúa ejecutándose a cámara lenta, con la participación directa del Gobierno. De esta forma están blanqueando el separatismo, concediéndoles todo tipo de prebendas anticonstitucionales (si fuera preciso el referéndum), a cambio de mantenerse en el poder. El 'golpe blando' continuó en 1985 con la reforma de la LOPJ, que cambió el sistema establecido en la Constitución para elegir los miembros del CGPJ, con el «reparto de cromos» entre socialistas y populares. Lo democrático, la separación de poderes, establece constitucionalmente que los jueces elijan 12 de los 20 miembros. La teórica oposición también participa del 'golpe blando', y de ahí el chiste de que el PP se tiene que divorciar, porque sigue Casado.