Gerardo Cuerva y 252 más

Pasado Córdoba recibo el mensaje de un compinche y nos emplazamos en la cafetería. He visto números circenses de mayor riesgo que tomarse un café en el AVE de Granada sin mancharse. Y cómo nos gustan las cuitas políticas, mientras intentamos verter el azúcar en el vaso propio, hablamos de las elecciones en Cepyme. O qué si no es la maniobra de Antonio Garamendi para desplazar a Gerardo Cuerva.

Basta con repasar la letra del manifiesto del pasado 3 de julio, aquel que destapó un distanciamiento larvado pero en el que –hasta ese momento, al menos– no se le puede achacar rebeldía al empresario granadino. Aquel texto con el que las pymes se enfrentaron abiertamente al Gobierno estaba impulsado por muchos de los que ahora se ponen de perfil. Se criticaba a los «interlocutores sumisos» en negociaciones donde, aparentemente, era la patronal quien más cedía. Aquel día, en la lectura, estaba presente –entre otros– la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

¿Lo de 'sumiso' iba por Garamendi? Fuese o no, el caso es que –según parece– se dio por aludido. Algunos –de los que no le tienen mucha estima, se entiende– se refieren a él como 'cuasiministro'. Lo que sí es una evidencia es que el Gobierno no está tan cómodo con Gerardo.

Garamendi llamó a Cuerva en enero y le conminó a marcharse; con la oferta de un puente de plata a Latinoamérica. Justo el mensaje que obligaba al granadino a mantenerse si acaso se le había pasado por la cabeza entonar la retirada. Mucho se ha especulado con la posibilidad de que Gerardo pretendiera el asalto a la CEOE en las elecciones de 2026; pero el caso es que nunca lo ha verbalizado –al menos, públicamente– y que todo eso se podría haber hablado sin necesidad de buscar esta confrontación.

Más motivos, posibles, del distanciamiento. Hay dos cosas en la gestión de la organización en la que no coinciden en la práctica. Gerardo renunció a su sueldo como presidente de Cepyme y Garamendi ronda los 400.000 euros anuales. En Cepyme hay limitación de mandatos, mientras que en la CEOE se levantó esa norma en julio de 2023. [Nota: Garamendi llegó a la presidencia tras, precisamente, agotar el tope Juan Rosell. Se valió de la cláusula luego anulada].

Sí ha tenido Cuerva un error de cálculo en estos meses: fue la supresión en febrero del voto delegado. Lo hizo porque así le instaron algunos de los que ahora se desmarcan; pero no era el momento. Hacerlo lo sacó de su relato. Aunque sea una opción –la del voto delegado– que no existe ni en la CEOE ni en ATA. Entregar tu papeleta a otros para que decidan por ti. Ni es creíble tanta generosidad ni tanta confianza.

Hay que saber cómo se elige al presidente de la patronal de las pequeñas empresas. Vota una asamblea con 505 miembros. Aparecerán –ya han surgido algunos– pronunciamientos en contra de Gerardo, que necesita su voto y otros 252. Cada provincia tiene sus representantes asignados: a Madrid le corresponden ocho, por ejemplo. Y a Granada y a otras provincias andaluzas, cuatro a cada una. El mensaje que se proyecta no tiene por qué coincidir necesariamente con las cuentas.

Se están produciendo presiones. Llamadas directas. Insinuaciones cercanas al chantaje. Y aquí es importante que haya pronunciamientos. Porque otros ya se han movido. Tras sondear varias opciones, la candidata de Garamendi –no lo disimula– es una abogada vallisoletana, Ángela de Miguel. El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, le ha mostrado su apoyo. La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) aún se mueve casi que en la equidistancia. Resulta complicado pensar –opiniones personales al margen– que no se defienda una posición de influencia como la que tiene Gerardo en la presidencia de Cepyme.

[Nota desde Atocha: me tomé el café y salí indemne. Pese a la falta de reflejos por el madrugón].

CONTRATOS DEL SAS Y SOSPECHAS

Aunque parezca imposible, no todo en política tiene por qué resultar sospechoso. Cuando el debate se traslada, por asuntos aparentemente ordinarios, de los parlamentos a los juzgados, la gestión pública se convierte en un incordio que espanta a los ciudadanos. Conviene ganar la confrontación con argumentos y no con pleitos y contenciosos. Cierto es que los juzgados son, a veces, la única vía posible cuando se limita la transparencia. Pero en otras muchas ocasiones son la herramienta fácil para ganar presencia y titulares; con instrucciones que se alargan hasta contaminar los procesos electorales. No es la política, son los negocios.

La salud ha sido siempre –no se ha inventado ahora– uno de los principales frentes de oposición y polémica. Para todos los gobiernos. Y la pandemia extendió la duda sobre los contratos y adjudicaciones tan millonarias como necesarias. Muchos hicieron un servicio público; unos cuantos se aprovecharon.

Un lustro después, los contratos del SAS son objeto de recursos y denuncias permanentes por parte de la oposición en Andalucía. Se cierran unas diligencias y se intentan abrir otras. Bien por el supuesto abuso de las adjudicaciones por emergencia o, ahora, por el presunto fraccionamiento irregular, como investiga un juzgado de Cádiz a instancias de Podemos. No hay noticias de que la misma causa –o parecida– haya avanzado en Córdoba, Jaén o Huelva. Que se investigue siempre es saludable para un sistema democrático. También, que después se diriman responsabilidades. En el plano político: estén fundadas las sospechas o sean fuegos de artificios para buscar algún rédito electoral.

Esta próxima semana declararán como testigos dos interventores y dos jefes de servicio. Pero hasta en el momento más insospechado las cañas se pueden tornar lanzas. Es lo que me cuentan, a la espera de las comparecencias y alegaciones en sede judicial. Según fuentes que han visto los expedientes, se trataría de compras de productos con patentes, que los laboratorios implicados tienen en exclusividad. Los precios estarían además fijados por la Comisión Interministerial de los Medicamentos. Por el Gobierno. En algunas regiones se trata de una práctica regulada y habitual. En Baleares o Navarra, por ejemplo. Lo que es legal en una comunidad difícilmente puede ser irregular en otra.

La salud –como otros muchos campos– tiene puntos sujetos a crítica. Pero esto es distinto a que exista –o no– necesariamente causa penal.

LA PARTE ABSURDA DE LAS PALABRAS

El lunes estoy con Andrés Neuman en el Aula de Cultura de IDEAL con la Fundación Unicaja. Presenta su biografía sobre María Moliner. La vida de cualquier persona siempre queda mejor contada que vivida. Las letras son más solemnes que los días. Andrés ha convertido a la filóloga y lexicógrafa en un acopio de todos los valores que han quedado en desuso. La constancia, el esfuerzo, la convicción, el orden… Pero también la dignidad para sobrellevar la frustración y el fracaso. «María se acomodó el pelo: vivía despeinada». Si algún día vuelvo a empezar una novela, querría escribir una frase como esa.

En la María Moliner que nos presenta Andrés Neuman encontramos un feminismo precursor, aunque a veces lo ejerza desde la resignación. Alguien que se casó porque le irritaba su antónimo. Soltero es un hombre libre. Soltera, una mujer incompleta. Interesante su perfil político y cómo se adaptó a la dictadura. «Fue una figura de consenso. Pero no por equidistante, sino por digna», anoto en la libreta. Dámaso Alonso –el hombre que guardaba una botella bajo el abrigo y bebía para olvidar lo que no se puede olvidar– le pide en un momento de la novela que aguarde que se calme el lío político para intentar otra vez entrar en la Real Academia, donde no admitían a mujeres por las leyes no escritas, que son las que han amparado por siempre las mayores injusticias. «La política nunca se calma, para eso está», responde María Moliner en una ficción que suena tan actual.

Alguien que como gesto contestatario y para desnudar al régimen dedicó quince años de su vida a escribir un diccionario. A nombrar las cosas con palabras libres.

Se acabó la revolución. Nos quedamos sin cobertura en el móvil.