...y Sevilla

La culpa no es de los sevillanos, faltaría más; es de quienes no tienen un plan estratégico para las otras siete provincias. Por eso no falta a la verdad Catalina García, esa señora que según el BOJA ejerce como Consejera de Salud –aunque con sus declaraciones nos deje siempre en la eterna duda–, cuando afirma que la Escuela Andaluza de Salud Pública mantendrá sus competencias. Pero la verdad completa es que se difumina dentro de la agencia administrativa que es el Instituto de Salud de Andalucía, ese nuevo ente que, en vez de tener la sede en Granada, como hubiera sido lo razonable premiando el esfuerzo de décadas de la Escuela de Salud, la ubican a la vera de la Giralda. Ahí viene la pérdida para todos los granadinos: en que se frena nuevamente una oportunidad de progreso y visibilidad enlazada a lo biosanitario que trasciende el espacio granadino, toda vez que el triunfo de la EASP para tener el reconocimiento internacional de la OMS como centro colaborador se pierde para todos porque ya no es autónomo. Es decir, que no hay ganancia ninguna; sólo es una nueva afrenta que daña a la colectividad evidenciando, además, la perseverancia en el error de no encontrar qué quieren que seamos al pie de la Alhambra, toda vez que no nos dejan ser lo que queremos.

Y aquí este juego semántico sí que refleja una verdad secular, dígala Agamenón o su porquero; PP o PSOE, en el gobierno o en la oposición. Nos daría igual si se estuviese haciendo una labor seria y de compromiso auténtico con el que fue uno de rasgos diferenciadores de España frente a otros países, incluido Estados Unidos. Pero sucede lo contrario; en la comunidad más poblada del país, y según indican analistas externos, se viene mermando progresivamente la inversión y las contrataciones para la sanidad pública mientras se potencian exponencialmente los conciertos con empresas privadas. Porque tiene que quedar claro que nuestro problema aquí no es Sevilla. Lo que indigna es la injusticia con Granada asociada a la progresiva descapitalización de la sanidad pública gratuita universal. Este será el triste legado de la gestión de la consejera García cuando sea relevada. Esperemos que entonces no resulte tarde para recobrar tanto tiempo perdido y que sean capaces PP y PSOE, unos y otros, de trazar un camino de consenso institucional en torno a una cuestión esencial que debió quedar al margen de arrogantes estrategias partidistas y de intereses difícilmente defendibles.