Salud no responde

El derecho a una atención sanitaria digna está reflejado en nuestro Estatuto de Autonomía y no está siendo cuestionado por la pandemia, sino por una falta de gestión, por la incompetencia, la prepotencia y la improvisación diaria del Gobierno andaluz de las derechas que, lejos de reconocer sus debilidades y carencias, se dedica a ocultar información y a enmarañar la situación. No reconoce lo evidente, y es que no han reforzado las plantillas en los centros de salud, no hay rastreadores suficientes ni recursos para frenar este grave deterioro de nuestra atención primaria y del resto de escalones que se ven afectados por el colapso y la carga de trabajo de nuestros profesionales.

Ni anticipación, ni planes urgentes, ni refuerzos, nada se ha cumplido y este gobierno vuelve a demostrar su incapacidad y su falta de sensibilidad con los pacientes y con los profesionales sanitarios a los que somete a un gran estrés y una desatención y demora que está siendo el origen de la situación descontrolada con cifras de liderazgo en el ranking de contagios fruto de una desastrosa gestión y que ya está también provocando que se traslade toda esta presión por la demora en la atención primaria a los hospitales, que deben estar reservados para los casos graves y los ingresos de la pandemia.

La tensión es máxima y los centros de salud arrastran esta situación desde verano, fecha en la que PP y Cs optaron por el cierre de muchos de ellos de manera irresponsable, en pleno crecimiento de la curva de contagios en Andalucía. Es lamentable, pero Moreno Bonilla incumple de manera continua y flagrante el artículo 55 de nuestro Estatuto sobre las competencias de la Junta de Andalucía haciendo caso omiso a ellas y dejando a la población absolutamente desprotegida en esta pandemia.

El coronavirus ha provocado, en sus momentos más duros y de manera temporal, cambios en el modelo asistencial que, entre otras cuestiones, pasó a ser en gran parte telefónico. Sin embargo, esa medida extraordinaria y coyuntural pretende transformarse en algo cotidiano y estructural por parte de la administración andaluza que dirigen PP y Cs, quienes han convertido a los facultativos en operadores telefónicos con la consiguiente pérdida de derechos por parte de los pacientes. Las derechas están limitando progresivamente el acceso de la ciudadanía al sistema sanitario público y, por otro lado, están sobrecargando de trabajo a nuestros profesionales, y todos asistimos atónitos a esta situación ante el silencio injustificable de Moreno Bonilla y de su equipo de gobierno.