Una sentencia que sacude Argentina

La condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a Cristina Fernández sacude a una ya muy inestable argentina. La decisión de un tribunal federal valida las denuncias de administración fraudulenta de contratos en la provincia de Santa Cruz, el feudo de los Kirchner, cuando la ahora vicepresidenta y senadora ejercía la primera magistratura de la nación, entre 2007 y 2015. El estridente cuestionamiento de la legitimidad del fallo por parte de la condenada, cómoda en un papel de víctima avalado por el intento de atentado que sufrió en septiembre, alienta la división en un país partido en dos entre el apoyo ferviente y el rechazo visceral a la encausada. El anuncio de Cristina de que no aspirará a cargo alguno en las presidenciales de 2023, lejos de aclarar el horizonte político del país, lo embarra. El peronismo gobernante, acuciado por la gestión desastrosa de Alberto Fernández y una inflación cercana al 100%, tiene difícil la búsqueda de un candidato. Y en la oposición se amontonan demasiados aspirantes. La viuda de Néstor Kirchner, además, aún puede recurrir la sentencia ante el Supremo y 'resucitar' como salvadora de su partido.