El síndrome Puigdemont

El Tribunal de Apelación de Sassari, en Cerdeña, resolvió ayer posponer la respuesta a la euroorden dictada por el juez Pablo Llarena –que solicita la entrega de Carles Puigdemont y, desde ayer, la de Clara Ponsatí y Toni Comín a España– a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea atienda la cuestión prejudicial elevada a Luxemburgo sobre en qué circunstancias un Estado miembro puede desatender una solicitud de extradición de otro, y se pronuncie sobre el alcance de la inmunidad parlamentaria. Puigdemont, Ponsatí y Comín fueron encausados por los mismos hechos que llevaron a Junqueras, Turull y Sànchez a condenas de prisión. Con la diferencia de que año y medio después de su huida los primeros concurrieron a la elecciones al Parlamento europeo, y alcanzaron una inmunidad sobrevenida que, extrañamente, parece haberse dotado de efectos retrospectivos. Tanto que en el universo independentista se vive la peripecia del expresidente de la Generalitat y de sus dos vecinos de éxodo como si ya fueran inmunes a la acción de la Justicia el 1 de octubre de 2017 y entre el 26 y 27 de aquel mismo mes.

Cuando el vicepresidente actual de la Generalitat, Jordi Puigneró, y el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, apelan a la «justicia europea» para que contravenga a la «justicia española» denuncian que habría una causa general por la que el Estado español persigue a los independentistas catalanes que, por su propio espíritu liberador, deberían verse exentos de atenerse a una Ley y a unos tribunales que les serán ajenos mientras no se pronuncien a su favor.

El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, llegó ayer a alegar que la promesa de Pablo Casado en Valencia, asegurando que traerá al expresidente fugado –en términos muy parecidos a los que Pedro Sánchez empleó en campaña electoral– demuestra que el 'juicio' que se sigue en España contra él es de naturaleza política. Como si declaraciones partidarias inconvenientes y poco respetuosas con la división de poderes –las de Casado el domingo y las de Sánchez en noviembre de 2019– dieran la razón, también retrospectiva, a quienes fueron procesados por rebelión en rebeldía. Hay algo que chirría gravemente en la Unión Europea, la prejuiciosa falta de reconocimiento al carácter democrático y a los fundamentos de Derecho de cuanto resuelven las instancias judiciales españolas.