Sísifo

La anterior fiscal general, Consuelo Madrigal Martínez-Pereda, ya denegó la competencia de los tribunales argentinos para investigar posibles crímenes cometidos en nuestro país durante el franquismo, porque fueron amnistiados. Aquella orden acaba de ser anulada el 4 de agosto, por una nota informativa interna, con la intención de instrumentalizar la Fiscalía en favor de las políticas de Memoria Histórica. La actual fiscal general, Dolores Delgado, antes ministra de Justicia, amiga íntima de Baltasar Garzón — 'Lola, la que bebe de mi copa'— y Villarejo, el Comisario de las cloacas del Estado, revelaba secretos profesionales: 'Información vaginal, éxito asegurado', pretende impulsar «la adecuación permanente de las políticas de memoria democrática».

Este Gobierno social-comunista vuelve a reabrir el odio guerracivilista que fue superado con el espíritu de la Transición y las heridas restañadas con la reconciliación de las dos Españas. Aquellos trágicos episodios se zanjaron jurídicamente con la Ley de Amnistía (principio de irretroactividad) de 1977, que afectaba a los dos bandos contendientes. Pero la 'neutral' fiscal general («¿de quién depende?», Sánchez interrogavit) del Gobierno, invalida la orden de su predecesora que impidió comisiones rogatorias a órganos judiciales españoles por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 1 de Argentina, incluso posibles extradiciones, aunque para ello quebrantará gravemente la legalidad española.

Dolores Delgado antepone la ideología política al principio de legalidad que establece la competencia de jurisdicción de los tribunales y la evidente prescripción (principio de seguridad jurídica) de los hechos investigados desde 1936 hasta 1975; pretende reescribir la historia 80 años después, para ganar el relato de la Guerra Civil. Estos hechos se realizaron por y contra ciudadanos españoles en España; por lo que la competencia sería de la jurisdicción española y nunca la argentina (que investiguen el asesinato del fiscal Nisman, que imputó a la presidenta Kirchner). Es más, aunque existiera algún responsable vivo, el proceso que se insta por la juez peronista-montonera es incompatible con el propio concepto de proceso penal y sus principios inspiradores. Detrás de esta demanda está el despacho de abogados del que fuera magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón (también defensor de la narcodictadura venezolana), condenado e inhabilitado por el Tribunal Supremo por prevaricación, por ordenar escuchas ilegales en el caso Gürtel (igual que la sentencia rayana a la prevaricación de su amigo De Prada, que provocó la moción de censura «del bolso de Soraya» en su asiento del hemiciclo). El torreño juez estrella también fue juzgado por abrir una causa general a la Guerra Civil y al franquismo (solicitó el certificado de defunción de Franco), del que fue absuelto, pese «a incurrir en exceso en la aplicación e interpretación de las normas», según el Supremo.

Ahora «vuelve la burra al trigo» con la sociedad Garzón&Delgado (asociados), como cuando trabajaban en la Audiencia Nacional. La hemipléjica ley de memoria histórica pudo derogarla Rajoy, con la mayoría absoluta de 2011. Ni siquiera se opuso su partido a la exhumación de Franco, que representó un ataque a la Transición; ni a la ley de violencia de género, ni a las leyes de género; y traicionó a su electorado con la ley del aborto. A esta derecha le sucede como a Sísifo, que lo intenta, pero la falta de convicciones le impiden acabar de subir la piedra, por no tomarse en serio la batalla cultural.