Solo sí es sí, o no

Aprobada en agosto de 2022, con 205 votos a favor, 141 en contra y tres abstenciones, la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual incluía como señas de identidad, largamente reclamadas, el consentimiento como eje en la relación sexual, la voluntad de la mujer y su capacidad para decidir. Además, con la nueva ley el Estado pasaba a aportar el itinerario de atención integral y reparación que conllevaría la puesta en marcha de centros de crisis 24 horas en todas las provincias, aunque, de momento, solo funcionan en Madrid y Asturias los que ya existían antes de la ley.

La ley surge como respuesta a la violación grupal, por cinco hombres, a una joven de 18 años en Pamplona durante la celebración de los San Fermines, el 7 de julio de 2016. El máximo logro de la ley, según explicaba en 2022 la ministra Montero, era el reconocimiento del consentimiento como pilar de las relaciones sexuales, de manera que ninguna mujer tuviera que demostrar haber sufrido violencia o intimidación para denunciar una agresión, es decir, que no había que jugarse la vida defendiéndose ante un violador para, con heridas o secuelas, denunciar ser víctima de una violación porque, no lo olvidemos, si no te defendías poniendo en riesgo tu vida o tu integridad física, en muchos juzgados podía considerarse que no te habías negado y se podía poner en tela de juicio si la violación había tenido lugar o no.

La ley, reconocida como novedosa y valiosa en ámbitos internacionales, fue celebrada por quienes votaron a su favor. Meses después, cuando comenzaron las reducciones de penas y las excarcelaciones más de una persona se preguntaba ¿es que nadie se dio cuenta de esto antes? ¿nadie reparó en que cambiando y agrupando conceptos en la horquilla de delitos se iban a ajustar a la baja las penas? La ciudadanía tiene claro que cuando un ministerio, sea el que sea, trabaja en la elaboración de una ley, no es la o el ministro de turno quien la redacta, ellos expresan lo que desean legislar y un gabinete jurídico se encarga ¿qué ha pasado? ¿realmente se trata de la interpretación de los jueces? Pues no lo sabemos, al menos, yo no lo sé porque no soy jurista. En 31/12/2022 había 243.297 abogados/as en España de los que ejercían 153.757. es decir, el 0,51 % de la población es jurista, es decir ese porcentaje de la población sabe de lo que se habla cuando se citan los cambios que va a incluir en la ley la reforma propuesta por el PSOE, pero ¿para quién se informa? ¿quién explica a la población realmente de qué estamos hablando? ¿hablamos de información o desinformación? Una comunicación eficaz requiere que emisor y receptor empleen el mismo lenguaje.