El acoso a los médicos de las clínicas abortistas acarreará pena de cárcel

El Congreso va a llegar más lejos de lo previsto en la modificación del Código Penal destinada a hacer efectiva la persecución judicial de los grupos de voluntarios provida que actúan en las proximidades de las clínicas abortistas. Ya no solo va a convertir en delito la actuación de los piquetes que tratan de evitar el acceso a los centros de las embarazadas que han decidido interrumpir voluntariamente la gestación, el objetivo inicial de la reforma legislativa impulsada por el PSOE. El Código Penal renovado sancionará también con penas de cárcel cualquier otro comportamiento obstruccionista, tanto contra estas mujeres como contra los médicos y directivos de las clínicas, que busque dificultar o impedir el ejercicio del derecho.

El endurecimiento de esta reforma ha sido pactado por PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, Ciudadanos y PNV y será ratificado en breve por el pleno del Congreso. La cámara respaldará por una muy amplia mayoría la enmienda a la proposición de ley original consensuada por estos cinco grupos parlamentarios. Aprobará, así, el cambio que convierte en un delito castigado con penas de tres meses a un año de prisión cualquier tipo de acoso de los provida a embarazadas, médicos o gestores. Su objetivo, según la exposición de motivos, es garantizar «la libertad, seguridad e intimidad» de la embarazada y el libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.

La creación del nuevo delito de obstrucción del aborto, una reforma que luego deberá ser ratificada por el Senado para su entrada en vigor, muy probablemente contará con el sí de todos los grupos salvo Vox, el PP y los dos socios populares (UPN y Foro). Fue lo que ocurrió cuando el 60% del hemiciclo rechazó los vetos presentados por las dos formaciones conservadoras para tratar de enviar a la papelera esta iniciativa socialista. Es previsible un duro debate, pues Vox llama a los piquetes «rescatadores» y a las clínicas «centros de exterminio de seres humanos» y el PSOE ve «un PP secuestrado por la extrema derecha» que defiende a «unos desalmados» porque son «de los suyos».

La reforma penal consta de un artículo único que crea un subtipo del delito de coacciones, la obstaculización del aborto, que será castigado con cárcel de tres meses a un año o, a elección del juez, con la pena alternativa de 31 a 80 días de trabajos en beneficio de la comunidad. Los condenados, además, y según las circunstancias que concurran en los hechos delictivos, pueden recibir una pena adicional de alejamiento. Se les prohibirá acudir a determinados lugares (en este caso los alrededores de las clínicas abortistas) por un tiempo de seis meses a tres años. No obstante, estas no serán las dos únicas penas que puede recibir el autor del nuevo delito. A estos castigos se les sumarían los que «pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de acoso».

El que se convertirá tras el sí del Parlamento en el artículo 172 quater del Código Penal, indica en su punto primero que se impondrán las penas de cárcel y alejamiento a quien, «para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad».

Dentro de esta amplia casuística parecen encajar los piquetes descritos en el preámbulo legal, pero también la práctica de ecografías en vehículos o el ofrecimiento de cafés, que luego impiden la anestesia y la intervención. El artículo, en su punto segundo, añade que «las mismas penas se impondrán a quien, en la forma descrita en el apartado anterior, acosare a los facultativos o directivos de los centros habilitados para interrumpir el embarazo con el objetivo de obstaculizar el ejercicio de su profesión o cargo».

La reforma responde a una recomendación del Defensor del Pueblo para crear «zonas seguras» que garanticen el libre acceso de las mujeres a estos centros sanitarios, a las directrices dictadas por la Organización Mundial de la Salud, a las quejas reiteradas de las propias embarazadas y a los llamativos datos revelados por un informe elaborado en 2018 por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, las que realizan el 90% de los abortos legales, a partir de las entrevistas a centenares de pacientes.

La indagación entre las afectadas concluyó que nueve de cada diez embarazadas que acudieron a abortar a los centros se sintieron «acosadas» y el 66% amenazadas por la actuación de los provida que, según dijeron, las increparon, insultaron, coaccionaron y amenazaron para que cambiasen su decisión y las hostigaron con proclamas, fotografías, ecografías o fetos de juguete.