Amnistía Internacional exige aclarar las 35.000 muertes en residencias

Los últimos datos oficiales desvelan que 35.670 de los ancianos españoles que vivían en residencias han muerto desde el inicio de la pandemia. Son aproximadamente cuatro de cada diez muertos causados por la covid. Pese a la desorbitada cifra de fallecidos, que equivale a todos los muertos en accidentes de tráfico de los últimos 30 años, ni administraciones ni tribunales han determinado todavía responsabilidad alguna por estos hechos, ni individual ni colectiva.

Amnistía Internacional (AI), después de auditar la evolución de las denuncias de familiares que afectan a un centenar de residencias de Madrid y Cataluña, ha concluido que las investigaciones llevadas a cabo tanto por la Fiscalía como por las autonomías son «deficientes» e incapaces de aclarar lo ocurrido en los centros. Sus conclusiones indican que «las autoridades han incumplido su obligación de investigar de forma exhaustiva y adecuada la vulneración del derecho a la vida en las residencias».

El resultado, resume Esteban Beltrán, director de AI en España, es que se «obstaculiza» el acceso a la verdad de las familias, se extiende la «impunidad» y no se asegura «la adecuada reparación del daño» ni se garantiza que semejante catástrofe no se repetirá en el futuro. Por todo ello, la ONG y los familiares de víctimas con los que colabora exigen a los grupos parlamentarios que pongan en pie «una comisión de la verdad» en el Congreso, que «analice lo sucedido en las residencias durante la pandemia (sobre todo en las primeras fases), dé respuesta a las familias para acceder a la verdad y adopte recomendaciones específicas para que no vuelva a suceder algo similar».

«No podemos simplemente dar por hecho que las cifras de muertes en residencias son inevitables y se deben a la pandemia, ni tampoco atribuir toda la responsabilidad a quienes cuidaban a nuestras personas mayores, porque, aunque existan múltiples factores que expliquen estas muertes, las medidas que se tomaron ante una masiva vulneración de derechos humanos no fueron las adecuadas y sus familiares tienen derecho a conocer la verdad», justifica Beltrán en defensa de su demanda. «Tengo derecho a saber qué estaba pasando. Nos lo han negado. A mi madre no nos la van a poder devolver, pero algo así, que se podría haber evitado, queremos que no pase nunca más», reclama Ana María, cuya madre murió en una residencia de Barcelona sin haber sido trasladada al hospital, y que presentó una denuncia judicial que año y medio después sigue en trámite.

La exigencia pública se hace el día en el que se cumplen los dos años del primer positivo de coronavirus registrado en España -un turista alemán de vacaciones en La Gomera- y tras comprobar que la Fiscalía ha archivado nueve de cada diez denuncias de allegados de fallecidos en las residencias, en la mayoría de los casos sin ni siquiera tomar declaración a los familiares. Son las familias, «que se sienten abandonadas», destaca Beltrán, quienes cargan con el peso de impulsar las investigaciones ante la «indefensión» que sufren. Las escasas demandas vivas avanzan muy lentamente en los juzgados y con un alcance de la investigación muy desigual. «Solo pedimos justicia para que no vuelva a ocurrir algo así. No se trata de seguir ahondando en el dolor de la gente. La única forma de eliminar un poco ese dolor es haciendo justicia», asegura Simone Nicoletti, cuya madre, con Alzheimer, falleció en una residencia de Madrid.

Si la Fiscalía no ha cumplido con su obligación, según AI, menos lo han hecho aún, denuncia la ONG, los gobiernos y parlamentos autonómicos, que consideran que, amparados en mayorías políticas de diverso signo, han cerrado en falso las escasas investigaciones abiertas sobre estos hechos. «Tienes la sensación de que nadie te escucha, de que no quieren saber, de que nadie se hace eco. La continua negación de los hechos, la desinformación y la mentira en la que vivimos causa mucho dolor», relata Ángela Arreba, cuya madre, Julia, falleció el 8 de abril de 2020 en una residencia de Madrid, después de un mes en el que ni siquiera pudieron verla por videoconferencia, y que tiene presentada junto a otros familiares una querella en el juzgado.