La aplicación antiporno del Gobierno cuesta ya a los ciudadanos más de medio millón de euros

Así es la denominación popular al sistema de verificación de edad en el acceso a contenidos pornográficos en el que el Gobierno continúa trabajando aunque sin fecha. «Está en fase de testado en el Centro Criptológico y estará lista previsiblemente el año que viene», aseguró en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital el actual titular de Transformación Digital, Óscar López.

La factura por los trabajos de desarrollo y puesta en marcha, según ha podido saber este periódico a través de una petición al portal de Transparencia y posterior denuncia ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, asciende a 628.199,84 euros hasta el momento. «En esta cifra se incluyen las tareas necesarias de análisis, diseño, desarrollo y pruebas de software», aclara el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública.

Sin embargo, esta no es la cifra definitiva es provisional, «hasta el momento» en palabras de Moncloa. El valor estimado del contrato, dividido en 5 lotes, asciende a 66,1 millones de euros y con un plazo de ejecución de 24 meses a contar desde agosto de 2023, según las bases del proyecto.

A falta de un año para el fin del periodo estipulado y casi seis meses después de la presentación a los medios de comunicación, «existen aún trabajos en curso y que serán necesarios completar antes de la puesta en funcionamiento del sistema», apunta el departamento liderado por López. En concreto, el ministerio trabaja en los servicios de desarrollo y mantenimiento y, especialmente, en el sistema de identificación y firma electrónica.

En su intervención ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital en el Congreso de los Diputados, López aseguró que el Ejecutivo ya tenía una solución para garantizar privacidad y verificar la edad de quienes accedan a los contenidos para adultos, a su vez pedía a las plataformas la colaboración para el desarrollo. No obstante, la parte del contrato relativa a este sistema «aún está en curso» bajo el desarrollo de NTT Data, Ricoh Spain y ÁlamoConsulting, agrupadas en una unión temporal de empresas, y con un presupuesto inicial estimado de 11,3 millones de euros.

La puesta en marcha de este sistema de verificación de edad para acceder a contenidos adultos ha sido una de las prioridades del Ejecutivo de Pedro Sánchez en esta legislatura. «Es un problema grave donde hay datos escalofriantes», aseguró Óscar López en la Cámara Baja en octubre. Precisamente, sobre esas cifras llamativas, el entonces titular de Transformación Digital y Función Pública construyó su relato en la presentación de esta herramienta.

Según varios estudios, siete de cada diez adolescentes en España consumen pornografía de forma habitual y la edad del primer consumo se sitúa entre los 9 y 11 años. «Estamos ante un problema grave y muy preocupante», afirmó Escrivá en julio. La solución presentada, por el momento, por Moncloa se centra en los dispositivos móviles, porque, según el Ejecutivo, es la vía de acceso de los menores a estos contenidos restringidos.

Para controlar el visionado, el sistema propuesto por el departamento de Escrivá tiene un funcionamiento similar a los certificados digitales disponibles para hacer determinados trámites administrativos con las diferentes administraciones del Estado. Así, los ciudadanos tendrán que pedir una credencial, en un primer momento, a la Secretaría General de Administración Digital, que comprobará que el emisor es mayor de edad.

Estas acreditaciones -en principio 30-, aclaran las especificaciones técnicas de esta herramienta, estarán almacenadas en la zona segura del dispositivo móvil y se 'presentará' a las plataformas para la verificación a través del escaneo de un código QR previo acceso a la app 'Cartera Digital' que necesitará, asimismo, de comprobación de la identidad mediante sistemas biométricos (huella digital o reconocimiento facial), contraseña o patrón. «La herramienta española está siendo un caso de estudio en Europa y lo mismo dentro de un año toda Europa la está aplicando», defendió López. Las primeras reacciones en España fueron de escepticismo y dudas sobre su utilidad, medio año después aún no se conocen más datos.