Las autonomías tendrán dispositivos contra incendios durante todo el año

Todas las autonomías estarán obligadas desde este lunes a diseñar y financiar dispositivos de prevención y lucha contra los incendios forestales que durarán los doce meses del año y no solo los dos o tres meses de verano, como ocurre hoy en la mayoría de las comunidades. Es una de las disposiciones centrales del real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros, que modifica la ley de montes y que establece las nuevas obligaciones básicas y mínimas que deberán cumplir tanto los planes nacionales como autonómicos contra el fuego.

La reforma parte de la idea de que, como se ha comprobado en los últimos años, y con especial fuerza en el presente, el calentamiento global provocado por el cambio climático ha hecho cada vez más frecuentes e intensas las sequías y más habituales, duraderas y tórridas las olas de calor.

El resultado son unos montes y arboledas arrasadas por un número hasta desconocido de superincendios, los que calcinan más de 500 hectáreas, y unos fuegos forestales de una virulencia también inhabitual, que en muchas ocasiones desbordan durante horas o días a los dispositivos contra el fuego.

Esto ocurre en junio, julio y agosto, pero también durante otros muchos meses de año. Solo las épocas de riesgo extremo de incendios, según han calculado los técnicos de la Unión Europea, han aumentado debido al cambio climático ya en al menos unos 40 días adicionales al verano cada año. De hecho, el Gobierno recuerda que se está ante el año con mayor superficie forestal destruida por las llamas en los que va de siglo y el que mayor número de incendios extremos ha soportado en los primeros siete meses del año.

El real decreto obliga a las autonomías a que tengan aprobados sus planes anuales contraincendios antes del 31 de octubre de cada ejercicio y les da cinco meses, hasta final de año, para cumplir con todas las nuevas exigencias de cara a la campaña contra el fuego de 2023. Estos planes deberán incluir medidas preventivas, de extinción y de restauración de las masas forestales, se graduarán los medios y dispositivos según los riesgos bajo, medio y alto y deberán abarcar a todo el territorio y no solo, como ahora, a las zonas consideradas más vulnerables.

La regulación estatal, para homogeneizar la lucha contra el fuego en todo el país, establece y amplía el contenido mínimo de los planes y especifica la dotación, los medios materiales y los equipamientos mínimos de los que deban disponer los trabajadores y empleados de los cuerpos de extinción, que además deberán estar en todos los casos debidamente formados para mejorar su eficacia y su seguridad.

La norma también establece la obligación de todas las autonomías de realizar una serie tasada de prohibiciones de actividades siempre que exista por parte de la Aemet una alerta oficial de riesgo alto o extremo de incendios forestales. Este listado incluirá cualquier actividad que sea capaz de generar riesgo de fuego, como el uso de maquinaria agrícola en zonas de monte. A cambio, el Estado promete acelerar y aumentar el número de días con que los meteorólogos darán la alarma y mejorar los mapas zonificados de riesgos.

El decreto dedica otro apartado a mejorar la coordinación de los medios autonómicos y estatales contra el fuego. Así, entre otras medidas, prevé establecer una calificación homogénea de las unidades de extinción según sus capacidades operativas; un protocolo de coordinación común para los medios aéreos; adoptar señales de radio unívocas o usar simbología común para elaborar los mapas operativos. Por su parte, el Estado asume el compromiso de mantener activo, a lo largo de todo el año, el dispositivo de medios aéreos, las unidades de refuerzo helitransportadas, y los restantes medios de apoyo, que estarán a disposición de las comunidades autónomas en el marco de la ejecución de los planes de prevención, vigilancia y extinción de los incendios forestales.

La norma establece ayudas para la regeneración de los terrenos calcinados. Siempre que la autonomía haya tomado en la zona las medidas preventivas y de extinción previstas en esta ley, el Estado pagará hasta el 50% de los costes de recuperación.

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