Los cambios en el sistema de pensiones que llegan en septiembre

La grave crisis sanitaria provocada por el coronavirus amenaza con duplicar el déficit de la Seguridad Social. Esta semana, el Tribunal de Cuentas ha advertido que el sistema de pensiones adolece de un problema «estructural» de sostenibilidad financiera con unos recursos contributivos insucientes para satisfacer el nivel de prestaciones.

Ante esta situación, advierte que de no acometerse de manera «urgente» las reformas necesarias sobre su configuración en el ámbito de la financiación y en la protección, peligrarían la viabilidad y sostenibilidad financiera del sistema.

Pacto de Toledo tiene avanzadas las recomendaciones que servirán de base para un nuevo sistema de pensiones y espera reanudar el trabajo en septiembre. Entre los puntos esenciales de la reforma está el de la edad de jubilación (con la ley actual, el retiro a los 67 se implantará en 2027), la mayor penalización de la jubilación anticipada (supone el 16% sobre el total), el alargamiento del periodo de cómputo para hallar la base reguladora o la eliminación de las deducciones a los planes de pensiones.

En otros temas, según los expertos, el consenso se da por hecho, como la revalorización de acuerdo al IPC o la reordenación de gastos para sacar de la caja única los denominados gastos impropios y la separación de fuentes de financiación. El pago de las nóminas está garantizado a través de alguna fórmula de préstamos o transferencias del Estado. Ahora bien, aunque la subida de las pensiones conforme al IPC real es un punto en el que todos los partidos están de acuerdo, el quid es cómo hacerla compatible con los imprescindibles ajustes para embridar el déficit de la Seguridad Social y reforzar su sostenibilidad a largo plazo. Una de las medidas que los expertos ven inevitable es aumentar la edad de jubilación, de forma que los 67 años legales se alcancen mucho antes de 2027.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, salió al paso de las duras conclusiones de este informe del Tribunal de Cuentas y ha asegurado que la Seguridad Social es una institución «absolutamente solvente y sostenible», y aseguró que las pensiones en España «pueden mantener su poder adquisitivo indefinidamente sin ningún problema»