Los cambios que plantea el Gobierno para las pensiones

El ministro explicó que en la actualidad el 11% de los españoles sitúa a las pensiones como uno de sus principales problemas y que esta inquietud no es adecuada: «merma los ingresos del sistema y genera un círculo vicioso porque propicia jubilaciones anticipadas que quizás no se producirían si no hubiese este incertidumbre», añadió el ministro.

El ministro desglosó ante la comisión cuáles son las medidas que podrían incluirse para reducir el déficit de la Seguridad Social que alcanzó el 1,3% del PIB en 2019. Entre estas medidas está acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal pues, según los datos aportados por la Seguridad Social a finales de 2019, la edad media a la que los trabajadores empiezan a cobrar la pensión es de 64 años y cinco meses, mientras que la edad legal de jubilación es 65 años y 10 meses.

Para conseguirlo, Escrivá aboga por desincertivar las jubilaciones anticipadas e incentivar la demora en la jubilación. Según señaló el ministro a este periódico, los coeficientes penalizadores de la jubilación anticipada «no están bien diseñados» porque «están definidos de forma regresiva, de manera que a pensiones más bajas hay menos incentivos para jubilarse y a pensiones más altas hay más incentivos. Tenemos un problema ahí y se están produciendo demasiadas jubilaciones anticipadas».

Por el contrario, según el ministro hay que «propiciar que quien quiera trabajar más tiempo lo pueda hacer. Hay opciones que no hemos difundido y que la gente no conoce, pero se puede trabajar más allá de los 65 años, cobrar la mitad de la pensión y tener una cotización muy pequeña a la Seguridad Social». Entre estas opciones está, por ejemplo, la jubilación activa o la parcial.

Por otro lado, en su intervención ante la comisión del Senado Escrivá abogó por desarrollar la Previsión Social Complementaria, es decir, los planes de empresa que están vinculados a los convenios sectoriales en los que el trabajador aporta al plan de pensiones el 1% y la empresa otro 1%. Según el ministro, para fomentarlos tendría que haber ventajas fiscales que beneficien a las rentas medias y bajas.

El ministro también apuesta porque las recomendaciones sigan separando las fuentes de financiación de las pensiones y se costee mediante los Presupuestos Generales del Estado las políticas activas de empleo, las prestaciones por cuidado de hijos y otros subsidios, las subvenciones implícitas a regímenes especiales y los gastos de funcionamiento del sistema.

Otras medidas que podrían incluirse en el Pacto de Toledo son volver a ligar las pensiones al IPC real y aumentar el número de años que se tienen en cuenta para el cálculo de la pensión.