El Congreso apuesta por condenar con cárcel el acoso a las clínicas abortistas

El Congreso apuesta por castigar con cárcel a los activistas que hostigan o acosan a las mujeres que acuden a las clínicas abortistas a interrumpir voluntariamente su embarazo y también a quienes promueven estos comportamientos obstruccionistas de un derecho garantizado por ley.

La Cámara baja dejó hoy claro que existe una amplia mayoría política dispuesta a sacar adelante esta reforma del Código Penal promovida por el PSOE. Lo hizo durante el duro, trabado y encendido debate tras el que el pleno rechazará, con los votos de la izquierda, los nacionalistas y Ciudadanos, las enmiendas a la totalidad con las que PP y Vox trataron de enterrar la proposición de ley. Unos 200 diputados, casi el 60% del hemiciclo, apartarán los vetos de la derecha, el último obstáculo para poder tramitar y aprobar esta norma.

Se trata de una iniciativa en la que el PP solo ve «sectarismo» contra «ciudadanos pacíficos», a los que dice que el Gobierno pretende encarcelar mientras «permite los homenajes a etarras», y con la que Vox denuncia que el PSOE «se mueve por venganza» contra los «rescatadores» que acuden a clínicas «donde los sanitarios se convierten en verdugos, abortorios donde se mata». El PSOE, en un argumentario compartido por el resto de grupos, no vio más que «un PP secuestrado por la ultraderecha», que compite con Vox por la hegemonía conservadora sin importarle pisotear los derechos de la mujer, y que defiende a «unos desalmados» porque son «de los suyos».

La reforma penal, que ahora sigue su tramitación, consta de un artículo único que introduce un nuevo subtipo del delito de coacciones, el de hostigamiento o obstaculización del aborto, que será castigado con una pena de cárcel de tres meses a un año o con la alternativa, a juicio del tribunal, de 31 a 80 días de trabajos en beneficio de la comunidad. Su objetivo, según la propia exposición de motivos, es garantizar «la libertad, seguridad e intimidad» de la embarazada y el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.

Los condenados, según las circunstancias que concurran en los hechos delictivos, pueden recibir una pena adicional de alejamiento, por la que se le prohibirá acudir a determinados lugares -los alrededores de las clínicas abortistas- por un plazo de seis meses a tres años. Estos dos tipos de penas se impondrán al autor del delito «sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los (otros) delitos en que se hubieran concretado los actos de acoso».

El que será el nuevo artículo 172 quater del Código Penal indica, si la proposición socialista no sufre alteraciones sustanciales, que estas penas de cárcel y alejamiento se le impondrán a quien «hostigue o coarte la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, promoviendo, favoreciendo o participando en concentraciones en las proximidades de lugares habilitados para interrumpir embarazos, causando un menoscabo en la libertad o intimidad de esta».

La reforma responde a una recomendación del Defensor del Pueblo para crear «zonas seguras» que garanticen el libre acceso de las mujeres a estos centros sanitarios, a las quejas de las propias embarazadas y a los llamativos datos revelados por un informe elaborado en 2018 por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) -las que se ocupan en España del 90% de los abortos legales- a partir de la entrevista a centenares de pacientes.

La indagación entre las afectadas concluyó que nueve de cada diez embarazadas que acudieron a abortar se sintieron «acosadas» y el 66% amenazadas por la actuación de los activistas «provida» que, según dijeron las pacientes, las increparon, insultaron, coaccionaron y amenazaron para que cambiase su decisión y las hostigaron con proclamas, fotografías, ecografías o fetos de juguete.