El Congreso busca ayudar económicamente a los hijos de las asesinadas

Los huérfanos de la violencia de género, sobre todo los niños y adolescentes, quedan habitualmente en una situación de extrema vulnerabilidad personal y social. Aunque tengan parientes generosos dispuestos a librarles del ingreso en un centro de menores, además de haber perdido a su madre y de habitar en una pesadilla de violencia, se quedan también sin padre (muerto o encarcelado) e inmersos casi siempre en un mundo de silencio para evitar ser estigmatizados con el recuerdo del crimen.

Por si este triste escenario, denunciado en múltiples ocasiones por ONGs como la Fundación Soledad Cazorla, no fuese suficientemente duro, los huérfanos y quienes tratan de ofrecerles una nueva vida se ven con muchísima frecuencia inmersos en graves apuros y agobios económicos para salir adelante.

El Parlamento español, con el respaldo de la práctica totalidad de las fuerzas políticas, aprobó en 2019 una reforma legal para asegurarse de que todos los menores huérfanos por los asesinatos machistas cobraban una pensión mensual hasta la edad adulta y que esta prestación pública tenía una cuantía mínimamente digna, dos elementos de los que en ese momento no disfrutaban la mayoría de estos chicos.

El PSOE_pretende ahora comprometer a la mayoría de los grupos de las Cortes para dar un segundo y trascendental paso con el que liberarían a estos pequeños –310 huérfanos menores de edad desde 2013 por crímenes de género– y a sus tutores de una buena parte de sus preocupaciones y sufrimientos financieros.

Los socialistas llevarán dentro de poco a debate en el pleno del Congreso una proposición de ley con la que pretenden reformar cuatro normas distintas con un doble objetivo: agilizar en todo lo posible el acceso de los huérfanos a los bienes que le corresponden como herederos de su madre y facilitar que cobren las indemnizaciones con las que los tribunales condenan a sus padres por haber asesinado a su progenitora. Una responsabilidad civil esta que, en buena parte de las ocasiones, los chicos no llegan a recibir por la acumulación de obstáculos burocráticos insalvables y declaraciones de insolvencia.

La primera de las reformas quiere retirar las trabas jurídicas que ralentizan o impiden que los hijos cobren su herencia cuando el padre se cierra a un acuerdo para liquidar la sociedad de bienes gananciales del matrimonio.

Un cambio en los artículos 807, 808 y 810 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que permitirá que se les aplique el mismo proceso que regula la liquidación patrimonial en un pleito de divorcio sin acuerdo entre las partes. Un sistema no previsto específicamente para su situación, que algunos tribunales les autorizaban, pero otros les negaban.

Además, la proposición socialista prevé añadir un octavo supuesto al artículo 87 ter.2 de la ley del Poder Judicial para que sea el propio Juzgado de Violencia contra la Mujer que ha investigado el asesinato el competente para resolver también el proceso de liquidación y entrega de los bienes de la herencia a los hijos, lo que aceleraría mucho los trámites legales.

Pocos huérfanos cobran las indemnizaciones por el asesinato de su madre, y si lo consiguen deben superar múltiples obstáculos y esperar años. La razón fundamental, pero no la única, es que buena parte de los asesinos se declaran insolventes.

La segunda es que si está indemnización se les paga en efectivo está libre de impuestos indirectos, pero si los padres o los jueces pretenden satisfacerla mediante la entrega de bienes está sujeta al impuesto de transmisiones patrimoniales. Así, muchas veces ocurre que los hijos de las víctimas no pueden afrontar el pago del tributo y el proceso se paraliza. Por ello, la reforma modificará el impuesto y les eximirá del pago de la transmisión de bienes siempre que sea para poder ejecutar las indemnizaciones por el asesinato.

El cuarto y último cambio que prevé la proposición de ley liberará a estos niños y jóvenes del abono del impuesto municipal de plusvalías. Tal como en el caso anterior, la imposibilidad de satisfacerlo impedía que muchos huérfanos pudiesen recibir en herencia la residencia familiar.