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Viernes, 29 de abril 2022, 12:33
Son muchos los aspectos de la vida cotidiana que tienden a pasan desapercibidos para la mayoría de la gente, como la retirada de un popular antibiótico o la posibilidad de cobrar dos ayudas del SEPE a la vez. Aunque son aspectos que todo ... el mundo debería conocer, no siempre es así.
Lo mismo ocurre con las molestas llamadas comerciales. ¿A quién no le ha sonado el teléfono y al responder, era una empresa de telefonía o una aseguradora haciendo una oferta? Pues, a partir de ahora, todas esas llamadas se podrán evitar.
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Se ha presentado en el Congreso una propuesta de ley que reconozca el derecho de una persona a no recibir llamadas comerciales no deseadas, de manera que solo las reciban aquellas que hayan dado su consentimiento previo.
La futura Ley General de Telecomunicaciones, planteada por Esquerra Republicana (ERC) y finalmente pactada con el PSOE y Unidas Podemos, ha sido aprobada este martes en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital de la Cámara Baja.
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Concretamente, la enmienda aprobada, a la que ha tenido acceso Europa Press, reconoce el derecho de un usuario de telecomunicaciones «a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial, salvo que exista consentimiento previo del propio usuario para recibir este tipo de comunicaciones comerciales».
La propuesta da la vuelta al régimen de protección frente a estas llamadas, ya que en el proyecto de ley remitido por el Gobierno reconocía el derecho a oponerse a este tipo de llamadas y a ser informado de este derecho.
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Un reconocimiento articulado a través de la llamada 'Lista Robinson', en la cual una persona puede darse de alta para evitar publicidad de empresas a las que no se haya dado consentimiento. Sin embargo, este reconocimiento legal permitirá evitar estas llamadas, sin necesidad de que una persona tenga que darse de alta en ninguna lista.
Eso sí, el Congreso da un plazo de entrada en vigor de esta medida de un año a partir de la publicación de la nueva ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE), reconociendo hasta entonces la posibilidad de ejercitar el derecho a oponerse a recibir llamadas comerciales no deseadas y a ser informado de este derecho.
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