Quien esclavice a víctimas de trata pasará hasta doce años en la cárcel

El documento, elaborado por los ministerios de Justicia e Igualdad, con la colaboración de Interior y Seguridad Social, persigue un triple objetivo. Extender el castigo penal que ya recibían los traficantes de personas a quienes después las explotan o utilizan, desplegar una estructura pública para el rescate e inserción social de las perjudicadas (la mayoría mujeres y niñas prostituidas a la fuerza) y garantizar que quien sea reconocida como víctima de trata tendrá derecho a toda la batería de beneficios y ayudas de la ley denuncie o no a quienes le amenazan o extorsionan o disponga o no de documentos de estancia legal en España.

El anteproyecto, que como ocurrió con la ley trans y la del 'solo sí es sí' ha pasado meses bloqueado, por los tira y afloja políticos entre ministerios del PSOE y de Podemos, corre ahora un serio riesgo de no ver la luz en lo que queda de legislatura salvo que el Ejecutivo ordene la máxima urgencia para su aprobación, primero con las alegaciones que deben entregar el Poder Judicial, la Fiscalía y el Consejo de Estado y, después, durante la tramitación parlamentaria.

El texto sería el complemento necesario a la proposición de ley socialista para la prohibición de la industria proxeneta, que ahora debate el Congreso, ya que la mayor parte de las mujeres que se prostituyen en España son víctimas de trata. Pero, además, es una ley integral, que persigue cualquier tipo de explotación de seres humanos, no solo la sexual. También el trabajo o las actividades delictivas forzadas (con el culmen de la esclavitud), las redes de mendicidad o la trata para matrimonios forzados o tráfico de órganos.

Entre las nuevas figuras penales que se añadirían al ya existente delito de trata (el moderno tráfico de esclavos), castigado con entre 5 a 8 años de cárcel desde 2010, son el citado delito de esclavitud (para los casos especialmente degradantes) y el de trabajo o servicios forzados, que cometerá quien con violencia, intimidación, engaño, extorsión o abuso de superioridad explote a un víctima de trata, infracción que pagará con entre 5 y 8 años de cárcel. Pero el borrador también incluye un nuevo ilícito (1 a 3 años de prisión) que castiga a quien alquile o facilite el local utilizado para la explotación humana y, sobre todo, prevé encarcelar hasta cuatro años a quienes paguen (clientes) por recibir favores sexuales sabiendo que las mujeres están forzadas a satisfacerles por un tercero.

Buena parte del anteproyecto se orienta terminar con el mayor vacío legal: la falta de rescate de la víctima. Nada más ser detectada, por la policía, la inspección laboral o una ONG, se le dará refugio y asistencia jurídica, psicológica y sanitaria y se activará el proceso para su identificación como víctima de trata. Aunque su estancia en España sea ilegal, se paralizará su expulsión y, si es reconocida oficialmente como explotada a la fuerza, tendrá derecho a acceder por vía extraordinaria a permisos de trabajo y residencia, a entrar en programas de inserción laboral, a cobrar el ingreso mínimo vital, a otras ayudas y disfrutará de preferencia en el acceso a la vivienda protegida. El Estado también creará un fondo específico para compensar económicamente por el daño sufrido a las víctimas que no sean indemnizadas por sus tratantes o explotadores (falta de condena, insolvencia, etcétera).

Todo el proceso de rescate e identificación oficial estará controlado desde el Mecanismo Nacional de Derivación y la norma creará la Relatoría Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos, el órgano que coordinará y supervisará las políticas contra esta lacra, estudiará la incidencia de estas redes delictivas en España, auditará la aplicación de la nueva ley y propondrá mejoras legislativas y en la atención a las víctimas.

A falta de conocer el texto final del borrador al que dará el primer visto bueno el Consejo de Ministros, el Ministerio de Igualdad centra las negociaciones de última hora en que el documento incluya al menos dos novedades más. La primera, que las posibles víctimas disfruten ya de permisos provisionales de trabajo y estancia y de ayudas desde un primer momento, desde que se detecten elementos racionales de su condición de explotadas forzosas, que luego se confirmarían o no con la decisión final. Segunda, que en el mecanismo para la identificación oficial, además de policías, servicios sociales e inspectores de trabajo, tenga también plaza en propiedad la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.