Escuelas Católicas aprueba una política de «tolerancia cero» con los abusos

El documento, respaldado hoy por su asamblea anual, busca ser el instrumento con el que los directivos, profesores y alumnos de seis de cada diez colegios concertados españoles sepan cómo actuar «contra esta lacra». «Es nuestro deber acabar con la lacra social de los abusos sexuales a menores; que nuestra actuación esté libre de ambigüedades; que no rehuyamos pedir perdón; en definitiva, que no seamos piedra de escándalo para nadie», se afirma en la introducción a las 144 páginas del documento.

Ante cualquier sospecha fundada, la organización reclama una intervención «rápida» y «libre de ambigüedades». Indica que ante los abusos hay que «actuar con diligencia», comunicar los hechos a las autoridades sin dilaciones, proteger, acompañar, recuperar y sanar a la víctima, informar a las familias y, con independencia de las investigaciones administrativas y penales que discurran en paralelo, abrir un expediente disciplinario al sospechoso, en el que se tomarán las medidas cautelares necesarias, y entre ellas siempre estará separarlo del contacto con menores. «Hay que reconocer sin ambigüedades el delito penal, canónico y humano que implican» estas agresiones.

Pretende lograr, según el propio texto, «un cambio de paradigma» hacia escuelas e institutos que sean «espacios seguros» para los menores y en los que se retire para siempre «el velo de la ocultación». Incluye un párrafo que suena a un evidente mea culpa. «Es triste y vergonzoso constatar que muchos han traicionado esa confianza y no han sido testigos de los valores promovidos por la escuela; es doloroso comprobar que de quienes se esperaba cuidado se haya recibido tanto daño; es deplorable que no se haya generado por parte de algunos responsables un inequívoco compromiso, no solo en la actuación sino muy especialmente en la prevención y la reparación», lamenta.

La guía aspira a ser la herramienta para un borrón y cuenta nueva con «el horror generado por los agresores» en el pasado y admite explícitamente las decenas de abusos ocurridos en sus aulas, la ocultación sistemática de estos hechos y el abandono de las víctimas en muchos centros durante décadas.

El documento se divide en cinco capítulos, con el primero dedicado a definir el abuso, sus tipos y grupos de riesgo y a admitir que en buena parte de las instituciones católicas se han dado casos de abuso sexual a menores y que las actuales acusaciones públicas son ciertas y no fruto de una «campaña maliciosa» destinada a socavar a la Iglesia. Lo sigue un propósito de enmienda. «Es necesario -se afirma en el último punto del capítulo- que las actuaciones frente al abuso sexual por parte de la Iglesia católica sean de una claridad incuestionable, evitando por todos los medios la ocultación o el silenciamiento, la justificación o la minusvaloración de los casos, convencidos de que la integridad de los menores afectados es un bien superior y anterior que el de la reputación de la persona abusadora o de la institución a la que pertenece».

El resto de los apartados detallan cómo actuar ante un caso sospechoso, las medidas indispensables de información y prevención a tomar en todos los centros y las acciones a desarrollar siempre para procurar la «sanación y reparación» de las víctimas.