España tendrá una cartera mínima de servicios sociales en todo el país

Incluye otros dos grandes bloques de medidas, el que que garantizará que un español mantendrá sus prestaciones sociales cuando se mueva por todo el país y el que pretende eliminar en todo el territorio las principales barreras de acceso a las prestaciones de protección a la infancia, atención a la dependencia o ayuda a los más vulnerables.

El anteproyecto de ley al que hoy el Consejo de Ministros dio su primer visto bueno ordena al Ministerio de Derechos Sociales, el promotor de la norma, y a las comunidades autónomas, titulares de la competencia, que pacten en el plazo máximo de 18 meses un suelo básico de protección en todo el país. Una cartera mínima de servicios y prestaciones garantizados en todos los territorios similar a lo que existe en sanidad. Pero la norma impulsada por el equipo de Ione Belarra no persigue una mera lista de actuaciones, el acuerdo debe incluir la descripción de los estándares básicos de aplicación, como son las medidas que comprende, sus beneficiarios, el sistema de acceso, los tiempos máximos de concesión o los mínimos de calidad (especialización de profesionales, ratios).

La negociación de esta cartera básica de servicios sociales se hará en la Conferencia Sectorial, el mismo órgano de cogobernanza (Estado-autonomías) que en un máximo de dos años desde la aprobación de la ley deberá definir un instrumento común a toda España para determinar la valoración de los grados de vulnerabilidad que dan derecho a cada prestación o ayuda común.

Otro de los apartados fundamentales del borrador de ley, a cuya aprobación gubernamental y parlamentaria PSOE y Unidas Podemos deberán dar la máxima urgencia si pretenden cumplir sus plazos, es el que quiere terminar con las barreras territoriales. Encarga a la Conferencia Sectorial que pacte un mecanismo que permita que cualquier ciudadano que cambie temporal o definitivamente de municipio o de comunidad se traslade a la nueva residencia con los derechos y prestaciones sociales a que tenía derecho ya reconocidas y exigibles y que disponga siempre de un profesional de referencia para facilitar sus gestiones.

Este sistema, al que ayudará el compromiso legal de crear una historia social única digital para cada beneficiario, sin embargo no tiene en el actual anteproyecto plazo límite alguno para su aprobación, como sí ocurría con las reformas previas, lo que podría dilatar que este derecho se convierta en una realidad.

El tercer pilar de la norma es reducir al máximo y en todos los territorios las barreras de acceso a las prestaciones. Por ello, en el plazo de seis meses Derechos Sociales y Hacienda deben ponerse de acuerdo para realizar una reforma de la ley de subvenciones que permita facilitar, agilizar y desburocratizar el acceso efectivo a las ayudas de urgencia y emergencia social (como comida, ropa, vivienda o suministros).

Con el mismo objetivo, el borrador de ley establece que no será necesario cumplir con un período mínimo de empadronamiento o residencia en un municipio, una comunidad o en España (como ahora sí ocurre en algunos lugares) para recibir ayudas de carácter esencial y prohíbe que cualquier persona que tenga derecho sea excluida de recibir la ayuda o prestación que necesita por carecer de recursos económicos para hacerla efectiva, lo que en la práctica supone limitar los copagos de servicios.

La norma, en su redacción actual, también establece, con carácter general, que los ciudadanos no tendrán que presentar para acceder a subvenciones o servicios documento o certificado alguno cuya información esté ya en manos de las administraciones, como por ejemplo documentos identificativos, económicos o fiscales entre otros.