Los españoles que logran abandonar el hogar familiar antes de los 30 años están en su porcentaje más bajo desde que comenzó el siglo. Solo uno de cada seis, el 15,8% de los que están entre los 16 años y la treintena, había logrado comenzar una vida independiente el año pasado. Se trata de la proporción más baja exactamente desde hace 21 años, desde 1999, según el Observatorio de Emancipación Juvenil, que realizada un chequeo semestral impulsado por el Consejo de la Juventud.
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Tan mal esta la situación que los jóvenes que viven fuera del hogar familiar en la actualidad son casi la mitad de los que lograron hacerlo en 2007, el año anterior al comienzo de la gran crisis económica, que, con la ayuda de la pandemia, ha fusionado casi una década de recesión. Hace 14 años eran el 26,1%, diez puntos más que hoy. La edad media de emancipación en España se sitúa en los 29,8 años, lo que nos coloca en la parte baja de la tabla europea, solo superados por los países balcánicos, Malta, Italia y Portugal.
Los expertos tienen clara la razón del retraso en la independencia de los jóvenes españoles: que la precariedad socioeconómica de este colectivo no toca suelo. La crisis ha cronificado su vulnerabilidad. La tasa de paro juvenil más alta de Europa (30,2%), una calidad ínfima del empleo (52% de contratos temporales y 26% parciales) y unos sueldos medios por debajo de los de hace una década. Antes de la gran recesión los jóvenes se quejaban de ser mileuristas, el año pasado el salario medio de los que lograron trabajar fue de 970 euros al mes.
La primera derivada de esta falta de solvencia y de estabilidad es su incapacidad de acceder a una vivienda independiente. Alquilar en solitario es un imposible, requiere el 91% del salario. Comprar, para la mayoría, ni siquiera es una opción. Su mínima capacidad de ahorro y sus inestables ingresos les impiden dar una entrada y lograr una hipoteca. El piso compartido, casi su única posibilidad, les requiere el 30% de su sueldo.
La segunda gran consecuencia es que son el colectivo del país con las mayores tasas de pobreza y con el mayor porcentaje de miembros en riesgo de exclusión social. Unos tres millones de chicos y chicas de entre 16 y 35 años están en esa situación. Sin embargo, solo el 2% de ellos ha logrado el nuevo ingreso mínimo vital (IMV) porque las condiciones con las que se otorgar les discriminan, según el análisis hecho al efecto por el Consejo de la Juventud.
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Es por eso que los representantes de esta entidad reclamaron hoy en el Congreso dos medidas muy urgentes. La primera, una reforma laboral que termine con el abuso de la temporalidad y con los empleos precarios. La segunda, que la Cámara Baja acepte modificar la ley del IMV para que los jóvenes puedan optar a esta ayuda.
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