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El comité de 50 expertos que propondrá al Gobierno antes de septiembre la hoja de ruta para acabar con el acceso sin control a contenidos pornográficos o violentos y a webs de apuestas o foros de alto riesgo por parte de los adolescentes españoles estará ... presidido por Ana Caballero. Es la portavoz de la Asociación Europea de Transición Digital, la ONG que desde la sociedad civil ha puesto en el centro de la agenda pública española este grave problema, aglutinando desde hace un año el apoyo de decenas de organizaciones, instituciones y partidos para sellar un pacto de Estado que garantice un entorno digital seguro a los menores.
El grupo de expertos, que hoy celebrará su primera reunión por videoconferencia, con la presencia de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, impulsora del foro, tendrá que pisar el acelerador porque en un máximo de seis meses debe emitir un informe con un análisis detallado sobre el impacto de las tecnologías digitales en los menores y con acciones de prevención, detección precoz y protección de niños y adolescentes a corto, medio y largo plazo.
El comité, que busca analizar el problema desde todos los ángulos, está constituido por técnicos de los consejos consultivos, entes y agencias públicas concernidas, por especialistas en toda clase de materias implicadas en el problema y por representantes de las organizaciones civiles que encabezan la defensa de la infancia y la juventud.
Hay representantes del Observatorio de Infancia, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, el Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia, el Incibe, el Consejo de la Juventud, el Consejo Asesor Digital Joven, la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo Escolar del Estado, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Consejo de Consumidores y Usuarios y técnicos propuestos por los ministerios de Igualdad, Presidencia, Educación y Transformación Digital.
Por parte de la sociedad civil, en el grupo tienen asiento y voz en el debate las principales confederaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos (Ceapa y Concapa), técnicos de los sindicatos Anpe, CC OO y UGT, responsables de entidades y organizaciones del tercer sector de ámbito estatal vinculadas con la infancia como Unicef, Save the Children, Fad Juventud, Anar, Plataforma de la Infancia, Cermi, Club de Malasmadres o la Federación Estatal LGTBI y Emilio Puccio, el secretario general del intergrupo sobre los derechos de los niños del Parlamento Europeo.
El grupo lo completa un amplio equipo de especialistas en educación, pediatría, psicología, igualdad de género, protección de la salud mental, adicciones, criminología, ingeniería informática, protección de datos y juristas especializados en la garantía de los derechos de la infancia y de la juventud. En la composición se ha cuidado la presencia equilibrada de mujeres y hombres.
El informe final se lo remitirán al Gobierno y será la base del acuerdo de país que pretende cerrar Pedro Sánchez y al que quiere incorporar, además de a colectivos sociales, autonomías y otras instituciones, a la industria y los operadores digitales, piezas clave para el éxito, con cuyos máximos responsables se reunió este lunes en Moncloa. El acuerdo debe incluir al menos la base de una ley integral de protección de los menores frente a los riesgos de la red, una estrategia educativa estatal y la puesta en marcha de una sistema técnico de verificación de edad que bloquee el acceso de niños a las web de adultos.
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