La ley de Familias completará la batería de normas ampliadoras de derechos

El equipo de Ione Belarra todavía no sabe qué martes debatirá el Consejo de Ministros el primer texto de esta ley. Septiembre estaba marcado en rojo en el calendario. La falta de fecha concreta se debe a que aún deben cerrar, fundamentalmente con la titular de Hacienda, pero también con los de otros departamentos, los últimos flecos de un anteproyecto muy complejo de alumbrar porque incluye nuevos e importantes compromisos de gasto público. De hecho, la parálisis de esta ley, junto a la de vivienda, mantiene los Presupuestos encallados.

Fuentes gubernamentales confían, no obstante, en que la ley llegará al Consejo de Ministros más pronto que tarde, pues ya va con el tiempo muy justo y, si no quieren pisar zona de alto riesgo, hay que mandarla al Congreso con margen para aprobarla antes del parón legislativo veraniego.

La norma, con seguridad, incluirá las reformas precisas para que todas las familias (tradicional, monoparental, no casados, LGTBI, procedentes de otros matrimonios o de acogida) tengan idénticos derechos. También contemplará apoyos específicos para hogares de acogida, encabezados por una víctima de violencia de género y para los que incluyen a personas discapacitadas o dependientes, pero sobre todo para los monoparentales, a los que prevé reconocer como familias numerosas a partir de dos hijos.

Pero el meollo del proyecto que promueve Derechos Sociales, donde persisten los tira y afloja con otros ministerios que han congelado la ley durante muchos meses, está en tres importantes prestaciones, dos de nueva creación y una ampliada. Belarra pelea una «renta crianza» para todos los hogares con menores que no reciban ayudas semejantes, que se implantaría de forma gradual empezando por quienes tiene hijos de 0 a 4 años y para los que propone un pago de 100 euros al mes. La segunda novedad que hay sobre la mesa es un permiso laboral para cuidados familiares de siete días al año. La mejora es la ampliación de los permisos por nacimiento o adopción a 24 semanas por cónyuge, y al doble para las madres o padres solos.

La saga compuesta por ocho leyes ampliadoras de derechos sociales y ciudadanos tuvo su primer capítulo en marzo de 2019, cuando el Consejo de Ministros aprobó el real decreto ley que elevaba de 6 a 16 las semanas del permiso paternal en tres años.

Pero el grueso de las reformas se ha concentrado en los últimos 15 meses. En junio de 2021, un Congreso y un Senado en los que solo Vox impidió el consenso aprobaron la ley de protección a la infancia y la adolescencia, que aplazó la prescripción de las agresiones sexuales hasta que las víctimas tengan más de 40 años y que estrena una regulación pionera en el mundo que busca quebrar la coraza de silencio que oculta la violencia y abusos contra menores.

En febrero pasado le llegó el turno a los huérfanos de la violencia de género. El Parlamento liquidó las trabas legales que hacían que, a la brutal pérdida de la madre, se uniese la imposibilidad práctica de muchos de ellos para cobrar pensiones, herencias o recibir del padre y verdugo las indemnizaciones por el crimen.

Coincidiendo con el último Orgullo se cumplió la aspiración pendiente de Pedro Zerolo. El Legislativo aprobó la ley de igualdad de trato y no discriminación a las minorías. Como él reclamaba, discriminar en España ya nunca más saldrá gratis. Es más, podrá costar hasta medio millón de euros y el cierre del negocio y, siempre que haya indicios fundados, se revertirá la carga de la prueba.

El penúltimo día de agosto el Gobierno envió al Congreso para su aprobación urgente la ley que blinda el aborto libre en hospitales públicos. Allí se tramita desde junio, aún en fase de enmiendas, la ley Trans-LGTBI, que igualará los derechos de los miembros de estos colectivos a los de cualquier otro ciudadano y que permite a los jóvenes trans cambiar su sexo oficial con total libertad a partir de los 16 años.