El gasto social disminuye ocho puntos porcentuales desde 2010

Las partidas presupuestas que las comunidades autónomas destinan a políticas sociales, en las que se incluyen el gasto en sanidad, educación y servicios sociales- ha sufrido un drástico recorte en doce años al pasar del 67,4% en 2010, al 58,8% en 2022. El informe 'La inversión social por comunidades', elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales sobre la base de los datos oficiales del Ministerio de Hacienda y el Instituto Nacional de Estadística (INE), constata este retroceso.

La investigación concluye que pese a que la covid evidenció la importancia del gasto en servicios públicos esenciales en estas materias, el aumento en estas políticas, que son competencia de las autonomías, solo ha sido del 13,5% entre 2019 y 2022. El desglose pone de relieve que el 7,9 % ha ido dirigido a sanidad, el 17,7 % a educación y el 28,8 % en servicios sociales.Frente a ello, el incremento del gasto en el resto de políticas fue el 41% en el mismo periodo. «Esa proporción es tres veces más, lo que evidencia la pérdida de peso específico del gasto social en las comunidades autónomas», adujo el presidente de la organización, José Manuel Ramírez. Si se hubiera destinado el mismo porcentaje del presupuesto que en 2010, se hubieran invertido casi 20.100 millones de euros más en 2021, de acuerdo con los cálculos de Ramírez.

Los recortes en políticas sociales a partir del año 2010, que fueron especialmente acusados en 2013 y 2014, dieron lugar a que en ese año se registrase el nivel más bajo en gasto autonómico, con menos de 100.000 millones de euros. Desde 2014 hasta 2020 se han contabilizado aumentos en los presupuestos del conjunto de las comunidades autónomas. Así, en 2020 y 2021, como consecuencia de la irrupción de la pandemia, especialmente en materia de Sanidad, creció en gran medida el gasto social hasta los 141.432 millones de euros del presupuesto liquidado en 2021.

Todas las comunidades, salvo Cataluña, superaron en 2022 el gasto social por habitante que tenían en 2009, encabezadas por Valencia (que destina 855 euros más por habitante), Navarra (830) y Asturias (824). En el otro extremo, se ubican Cataluña, que lo reduce en seis euros por habitante y Madrid, que lo aumenta en 168 euros por persona.

Las diferencias en el gasto por habitante en políticas sociales entre comunidades oscilan entre la que menos destina que es Madrid (2.399 euros) seguida de Cataluña (2.782) y las que más, País Vasco (3.708), Extremadura (3.629), Asturias (3.438) y Cantabria (3.392).