El Gobierno aprueba 200 millones para luchar contra la pobreza y la violencia en la infancia

Este crédito, cuyo reparto tiene que ser ratificado por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia del Ministerio de Derechos Sociales, se destina a financiar tres programas de servicios sociales que gestionan y ejecutan las comunidades.

El primer programa, dotado con más de 108 millones de euros, financia proyectos de servicios sociales para desarrollar prestaciones básicas en el ámbito municipal, como pueden ser las de ayuda a domicilio, las de alojamiento alternativo o las de prevención e inserción social.

El segundo programa cuenta con una financiación de 65 millones de euros y se centra en la protección a la familia y la atención a la pobreza infantil. Está específicamente destinado a las unidades familiares con menores a cargo que estén en situación de privación material severa (incapacidad de cubrir varias necesidades básicas) o en riesgo de pobreza y exclusión social, por unos ingresos muy escasos. El programa incluye una línea para cofinanciar proyectos de alimentación, ocio y cultura y para garantizar la conciliación familiar durante las vacaciones escolares. Con estos fondos reforzarán iniciativas desarrolladas tanto por comunidades autónomas como por ayuntamientos.

El tercer programa, dotado con 25 millones de euros, se destina a reforzar equipos de atención primaria de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia. Se trata de cofinanciar proyectos de refuerzo de los servicios sociales que permitan la prevención y detección precoz de posibles riesgos de violencia hacia la infancia, en coherencia con lo previsto en la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia puesta en marcha hace justo tres años.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, impulsor de este crédito, aseguró que su compromiso es aumentar en los próximos años la dotación de este programa, algo imposible este año por la prórroga de los Presupuestos del Estado, aunque destacó que esta línea de financiación está ya en máximos históricos. El reparto de los fondos tendrá en cuenta toda una serie de criterios pactados, entre los que está la población de cada territorio, su superficie y la tasa de riesgo de pobreza o exclusión de cada autonomía.