El Gobierno aprueba el estado de alarma e impone el cierre de Madrid

Pedro Sánchez cumplió su amenaza a Isabel Ayuso y, después de ampliar unas horas su ultimátum esperando que la dirigente autonómica cediese a sus exigencias inamovibles, dio luz verde a que a las 12 horas se celebrara el Consejo de Ministros presidido por la vicepresidenta Carmen Calvo que autorizó, de facto, la intervención de la sanidad de la región para obligar al confinamiento perimetral de la capital de España y de ocho de los mayores municipios de la región (Alcalá de Henares, que hasta el martes estaba confinada, se libró in extremis de volver a la lista al haber reducido su incidencia).

La puesta en marcha del estado de alarma estuvo acompañada de la orden inmediata de reactivar de manera automática todas y cada una de las restricciones que ya había impuesto a la fuerza la semana pasada el Ministerio de Sanidad y que estuvieron en vigor hasta que el jueves, en una decisión totalmente inesperada tanto para el Gobierno regional como para Moncloa, dejó sin efecto el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid al entender que no cabía restringir derechos fundamentales con una normativa no orgánica, la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional. La premura en reactivar las restricciones, admitieron desde Moncloa, fue para evitar el éxodo durante el puente. De hecho, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ordenó el «inmediato» despliegue de 7.000 policías y guardias civiles para garantizar el cumplimiento de la cuarentena.

Lo cierto es que a pesar de que las prórrogas y los llamamientos hoy de ambas partes a evitar el choque de trenes, la posibilidad del acuerdo nunca estuvo cerca. Este viernes, como ha venido sucediendo incluso cuando el 21 de septiembre Ayuso y Sánchez se vieron la caras en la Real Casa de Correos, todo fue un diálogo de sordos. Mientras Moncloa advertía hasta la saciedad y por todos los conductos posibles que no iba a admitir ningún plan propio del Ejecutivo regional y que lo único que le valía era volver a las restricciones anuladas por el TSJM - bien a través del estado de alarma impuesto o pedido por Madrid, bien a través de una orden de Ayuso haciendo uso de sus competencias en salud pública- en la sede de la Puerta del Sol insistían en pedir más tiempo para perfilar un programa de confinamientos selectivos basados en las zonas básicas sanitarias como el que ya había puesto en marcha el Ejecutivo autonómico.

Se trataba de un plan mucho menos restrictivo que el que exigía Sánchez y que, en la práctica, descartaba por completo el confinamiento perimetral de las diez grandes ciudades, tal y como reclamaba Moncloa, sobre todo con vistas impedir el éxodo durante el puente.

Durante una mañana de infarto en el enésimo día de nervios, reuniones improvisadas, llamadas, borradores y, sobre todo, muchas dudas Isabel Díaz Ayuso se enrocó y, acompañada de su más cercano grupo de fieles dentro del Gobierno regional, se hizo fuerte para aguantar el ultimátum del Gobierno central pero también las presiones de sus socios de Ciudadanos, particularmente de su vicepresidente Ignacio Aguado y de la propia líder del partido naranja, Inés Arrimadas, que trataron de mediar, sin éxito, entre ambas partes para salvar a Madrid del estado de alarma. El único movimiento de Ayuso, ya casi sin tiempo de maniobra, fue pedir una reunión con Moncloa para tratar sobre la orden que ultimaba su departamento de Salud Pública. En el Gobierno interpretaron que se trataba de otro ardid más para ganar tiempo y ni siquiera se dignaron a escuchar la última oferta de Madrid.

Un plan, que nunca verá la luz, pero que el consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, que habló de «chantaje» de Sánchez, detalló al mismo tiempo que en Moncloa firmaban la intervención de su departamento privándole de toda competencia. Esa orden 'no nata' insistía en las zonas básicas de salud como unidad de demarcación. De hecho planteaba ampliar los aislamientos a 51 áreas (antes eran 46) de Madrid capital, Alcobendas, Alcorcón, Aldea del Fresno, Villa del Prado, Arganda, Villalba, Colmenar Viejo, Coslada, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Parla, San Sebastián de los Reyes y Torrejón.

Para intentar contentar al Gobierno de Sánchez la orden mantenía «restricciones de actividad y aforo» en las 10 grandes ciudades de 100.000 habitantes pero rechazaba su confinamiento perimetral.

El otro caramelo con el que la Comunidad pretendía atraer al Ejecutivo nacional era rebajar a 750 casos cada 100.000 habitantes las zonas sanitarias confinables, endureciendo así los criterios de la administración regional que hasta ahora solo consideraban que había que aislar solo las zonas con más de 1.000 caso. Un listón que Sanidad, en cualquier caso, sitúa en solo 500.