El Gobierno reforma el Registro de Delincuentes Sexuales para garantizar su actualización

El registro, que comenzó a funcionar en 2016, es una herramienta básica para garantizar que nadie con antecedentes por delitos sexuales trabaje en contacto habitual con menores. Se trata de una base de datos gratuita y no pública que contiene los datos identificativos, las condenas y las medidas de seguridad impuestas a personas condenadas por sentencia firme por cualquier delito contra la libertad sexual.

El nuevo real decreto cambia la vía para acreditar la carencia de antecedentes por delitos sexuales. Hasta ahora, eran los trabajadores los que solicitaban y aportaban el certificado a su empleador, pero de esta manera, existía la posibilidad de que las personas pudieran haber cometido un delito tras haber sido contratadas. Con esta reforma, las empresas, instituciones, ONG y colegios profesionales podrán solicitar, de forma periódica, el certificado negativo para sus trabajadores, siempre contando con su consentimiento. Con ello, «se facilita el control efectivo de los antecedentes por delitos sexuales o vinculados a la trata de seres humanos de quienes están en contacto continuo con menores», asegura el Ministerio de Justicia.

«Hemos detectado casos de personas que después de estar trabajando con menores, y haber aportado el certificado, cometían delitos de esta naturaleza», ha reconocido el ministro Félix Bolaños, que ha subrayado que con los cambios, habrá «un control efectivo y periódico de los antecedentes por delitos sexuales» y que se prevendrá «con mucha más eficacia que haya personas, delincuentes sexuales, que puedan trabajar en contacto con menores».

El nuevo texto también abre la puerta a que los jóvenes de entre 16 y 18 años que trabajen con menores, en labores de de monitores de campamentos de verano o socorristas, puedan pedir directamente el certificado de antecedentes no penales al registro, y no a través de su tutor o representante legal.

Entre las novedades aprobadas por el Consejo de Ministro está el cambio de denominación de este sistema, que pasará a llamarse Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos, para incluir, a partir de ahora, información sobre las personas condenadas por trata de seres humanos, con independencia de la edad de la víctima.

También se agiliza el régimen de certificación de los antecedentes penales para los ciudadanos procedentes de otros países de la Unión Europea que trabajen o quieran trabajar en España, a través de la interconexión del registro con el Sistema Europeo de Información sobre Antecedentes Penales (ECRIS), y se equipara el régimen de cancelación de las condenas dictadas a personas condenadas por delitos sexuales por parte de jueces o tribunales extranjeros al régimen español –es decir, imposibilidad de trabajar con menores durante 30 años desde el cumplimiento de la pena–, con independencia de la norma que se aplique en el país donde se cometió el delito.