El juez absuelve al hombre que ayudó a morir a su esposa

El juez decretó hoy la absolución, «con todos los pronunciamientos favorables», de Ángel Hernández, el camarógrafo madrileño que hace poco más de dos años, el 3 de abril de 2019, ayudó a morir a su esposa, María José Carrasco, enferma terminal con una esclerosis múltiple que la tenía prácticamente paralizada, quien así se lo había pedido de manera explícita y de forma reiterada. Estaba acusado de cooperación al suicidio y se le reclamaba una condena de seis meses de cárcel.

El titular del Juzgado de lo Penal número 34 de Madrid atiende de esta manera la petición que le hizo el miércoles de la semana pasada la Fiscalía Provincial de Madrid, que le comunicó que retiraba la acusación contra Hernández, la única que había en la causa penal, por considerar que ya no había comportamiento delictivo alguno. Entendía que los hechos protagonizados por este hombre estaban amparados y permitidos con efecto retroactivo por la nueva ley de regulación de la eutanasia, que entró en vigor el 25 de junio. El acusador público, en su escrito, deja entrever su alivio, pues siempre quedó claro que acusaba solo porque no le quedaba otro remedio, ya que hace dos años los hechos encajaban en el delito ahora modificado del artículo 143.4 del Código Penal, pero al tiempo manifestó en el mismo escrito que era partidario de un hipotético indulto del reo.

El magistrado, no obstante, destaca un matiz técnico. La resolución que libera de todo delito a Hernández no es un auto de sobreseimiento libre de la causa por retirada de la acusación, como le pidió el fiscal, sino una auténtica sentencia absolutoria que, por supuesto, deja sin efecto todas las medidas cautelares que pesaban sobre este madrileño y que le permitieron eludir su entrada en prisión provisional. El juez explica que lo absuelve porque es lo que corresponde, ya que el proceso estaba muy avanzado y se había abierto el juicio oral contra el acusado, que iba a tener que sentarse próximamente en el banquillo.

El fiscal, en su escrito, explicó que había decidió retirar la acusación por la aplicación retroactiva en beneficio del reo del contenido de la ley de eutanasia. Entiende que si María José hoy hubiese hecho la solicitud para que se la ayudase a morir, el suicidio asistido habría sido autorizado sin duda porque cumple todos los requisitos que para ello exige la norma. Así, concluyó que, «en este caso concreto, concurren los requisitos para entender que la conducta del señor Hernández no debe ser objeto de reproche penal».

La Fiscalía aprovechó para marcar la doctrina a aplicar si se presentan más casos similares en otro juzgado español. Lo determinante para retirar la acusación, dice, será «valorar si en los supuestos fácticos previos a la entrada en vigor del nuevo texto legal concurrían los requisitos habilitantes para, de haber estado vigente, haber activado el procedimiento de asistencia a la prestación de ayuda a morir». Si la respuesta es sí, no hay delito.

Los hechos de los que hoy se absuelve a Hernández se produjeron el 3 de abril de 2019, sobre las diez de la mañana. Ángel Hernández estaba a solas junto a su mujer. María José Carrasco, recostada en un sillón y abrigada por una manta, padecía esclerosis múltiple desde hacía 30 años. Estaba prácticamente paralizada y torturada por el dolor. Ambos conversaban en el salón, colocados frente a una cámara. Hoy, habían decidido, era el día. María José llevaba más de un año pidiéndole a Ángel que le ayudase a morir. Habían esperado a que España aprobase una ley de eutanasia, pero el último intento seguía entonces bloqueado por la derecha en el Congreso. Ella ya no aguantaba más.

Ángel vertió a esa hora un medicamento en un vaso y le pregunto varias veces si quería morir. Ella contestó que sí y sorbió por la pajita. Diez minutos después había fallecido. Ángel llamó a la Policía y difundió el vídeo. Habían pactado que su drama tenía que servir para concienciar a los españoles de la urgente necesidad de la legalización y regulación de la eutanasia.

Lo cierto es que lo consiguieron. Su terrible historia fue el último empujón para que el Congreso aprobase el pasado 18 de marzo, casi dos años más tarde, la ley que garantiza a los adultos con padecimientos graves, crónicos e imposibilitantes o con una enfermedad grave e incurable que, si así lo demandan mediante un procedimiento tasado, serán ayudados a morir por la sanidad pública, en un hospital, una residencia o en su casa.

Para María José Carrasco la nueva ley llegó muy tarde, pero no para su marido, que tuvo que dejar su trabajo hace dos décadas para poder cuidarla. Ángel va a ser el primer beneficiado español por la entrada en vigor de la norma.