La juez de Barcelona consulta al tribunal superior si debe anular la eutanasia concedida a una mujer

La juez que estudia si hace caso a un padre y suspende la eutanasia solicitada por una mujer de 23 años de Barcelona y autorizada por los responsables sanitarios y administrativos ha aplazado su decisión hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decida si se trata de un litigio que tiene que resolver ella o si, por el contrario, como la magistrada piensa, existe una reserva legal que obliga a que sea el propio tribunal superior autonómico el único competente para decidir sobre una controversia que no tiene precedentes en la justicia española.

Mientras la titular del Juzgado Contencioso-Administrativo número 12 de Barcelona remite su cuestión de competencia al TSJ y la sala resuelve, proceso que puede requerir de varias semanas, la magistrada mantendrá vigente la media cautelar que dictó el jueves pasado, a petición del progenitor y de sus letrados de la asociación ultracatólica Abogados Cristianos, y por la que suspendió la muerte asistida de esta mujer, que estaba programada en el Hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes, donde se encuentra ingresada, para el viernes 2 de agosto. En el caso de que uno u otro órgano judicial decidiese la suspensión de la muerte asistida sería la primera vez que ocurre algo así en España desde que hace tres años el Parlamento aprobase este derecho que ya le ha sido aplicado a unos 700 españoles.

La eutanasia en cuestión fue solicitada y le fue concedida oficialmente a una mujer que padece varias patologías mentales -bipolaridad, depresión y trastorno límite de personalidad- y que desde hace dos años está en una silla de ruedas y sin movilidad en las piernas como resultado de las lesiones que se produjo cuando se lanzó a la calle desde un quinto piso para intentar quitarse la vida. Su derecho a acogerse a la muerte asistida está avalado por la Comisión de Garantías y Evaluación de la Generalitat, el órgano técnico que tiene la última palabra para autorizar el ejercicio de este derecho tras escuchar a la afectada y a sus médicos.

La juez tomó hoy esta decisión después de escuchar las alegaciones y los informes de todas las partes en litigio, el padre y Abogados Católicos, la Fiscalía y los representantes de la Comisión de Garantías y de la Generalitat, quienes las citó para una vista.

El padre y sus abogados tenían una doble argumentación. La primera, que la decisión de la joven está viciada, porque entienden que tiene nublado su criterio por los graves trastornos mentales que sufre. Alegan que lo demuestra la carta que hace dos semanas dirigió a los responsables médicos y a la Comisión de Garantías para arrepentirse de su petición de muerte asistida y para pedir un aplazamiento de la decisión por seis meses. Misiva, no obstante, de la que solo un día después (el 30 de julio) se retractó, para volver a pedir que le quitasen la vida el viernes 2 de agosto, como estaba programado y autorizado.

El segundo alegato paterno es que su hija no cumple con los requisitos que exige la ley para que puedan aplicarle la eutanasia: sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante que genere un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable. Asegura que no está imposibilitada, que no tiene un sufrimiento intolerable y que aún pueda intentar curarse o, cuando menos, mejorar su situación.

La Generalitat, por contra, defendió la absoluta corrección de la autorización de la eutanasia realizada por su órgano técnico, que se ajusta por completo a la ley, y argumentó que, además, el padre no puede pedir la anulación de la autorización de la muerte asistida porque la única persona que tiene capacidad para decidir si quiere contar o no con esta ayuda, según la ley, es la afectada, que es mayor de edad y está en situación de decidirlo.

El año pasado se registraron 750 solicitudes de eutanasia, con un incremento del 30% respecto a 2022, y se autorizaron y materializaron 350 prestaciones, según los datos de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD). Esta organización lamenta que tres años después de la aprobación de la ley este derecho se siga enfrentando a muchas trabas para su ejercicio en varias autonomías, como lo demuestra que las peticiones de ayuda para morir denegadas se eleven al 20% y que un tercio de las personas solicitantes fallezcan antes de tener la respuesta de médicos y autoridades. En estos incumplimientos influye por ejemplo, dicen, el hecho de que aunque la ley contemple que la respuesta no puede demorarse más allá de 35 días, lo cierto es que la media de espera de esta resolución está en más del doble, en 75 días.

La mayoría de los solicitantes de este derecho son ciudadanos con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y otras demencias, cánceres, patologías imposibilitantes como la ELA, la esclerosis múltiple, las distrofias musculares o personas muy limitadas por paraplejias o hemiplejias.