El ministerio recuerda que inspeccionar la concertada es competencia de cada autonomía

La tarea del ministerio que dirige Pilar Alegría se agotó con la fijación del marco básico de funcionamiento del sistema educativo en España, regido desde 2021 por la Lomloe. Entre otras cosas indica que la enseñanza concertada, al igual que la pública, será gratuita en todas las etapas obligatorias, desde el segundo ciclo de Infantil hasta el final de ESO, motivo por el que estos centros de naturaleza privada reciben subvenciones de las administraciones educativas para sufragar los gastos de impartir la docencia obligatoria.

La octava ley educativa de la democracia indica que los colegios concertados tienen prohibido pedir a las familias desembolsos (directos o indirectos) por la formación sus hijos durante las etapas obligatorias. También especifica que los pagos que puedan realizarse por actividades escolares complementarias u otros servicios de los centros, que nunca podrán utilizar el horario lectivo para evitar condicionar su aceptación, deben ser voluntarios y nunca podrán significar discriminación para los alumnos.

Las fuentes ministeriales recordaron que, fijadas las reglas del juego nacionales, la labor de vigilancia para el cumplimiento de lo establecido es competencia exclusiva de cada consejería de Educación en su territorio. Son las obligadas, a través de sus servicios de Inspección Educativa, de auditar el cumplimiento de los conciertos firmados con los centros privados y de investigar, bien de oficio o a petición de parte, y en su caso sancionar, la existencia de irregularidades o ilegalidades en la ejecución del convenio o en el mal uso del dinero público. «Nosotros no tenemos competencias sobre centros escolares», recordó el portavoz.

El trabajo de Esade establece que entre el 66% y 75% de los colegios concertados, según la etapa educativa, cobran cuotas a los alumnos, dinero que pagan no menos del 80% de los estudiantes del sector, que abonan una media de 680 y 860 euros por alumno y año. No es una realidad uniforme. Quienes cobran casi en su totalidad y además más dinero son los colegios grandes, los de más de 500 alumnos, y los centros que no cubre gastos con la subvención. El grueso de los pagos se produce en las tres autonomías con más centros concertados y con las cuotas más altas: Cataluña, Madrid y Euskadi.

El capítulo más llamativo es el que desvela las razones que llevan a cobrar a las dos terceras partes de centros. Un tercio pide dinero a los padres para tapar el agujero financiero que deja la infrafinanciación pública. Sin embargo, Esade explica que sobre el 45% cobra cuotas para aumentar más los servicios (extraescolares, transporte, comedor, custodia, psicólogo) y asemejarse a un centro privado o, directamente, por puro lucro.

Esade tienen su propia teoría sobre por qué nadie intenta cambiar esta realidad, conocida desde hace décadas y que como mínimo tilda de «alegal». Su explicación es que beneficia a todos. A las consejerías, porque las plazas de concertada le salen más baratas que las públicas; a las familias, porque a cambio del copago cuentan con la selección al gusto del alumnado; y a los centros, porque les da continuidad y una demanda amplia.