La nueva norma que afecta al pago con dinero en metálico

Esta situación está afectando a un agente indispensable en lo que respecta al 'cash': el cajero automático. Según reza el último informe del Banco de España, cerca de 1,3 millones de personas encuentra dificultades para conseguir dinero en efectivo a causa de la escasa presencia de cajeros u oficinas bancarias en su localidad.

El propio estudio destaca que Castilla y León o Galicia son algunas de las comunidades autónomas donde hay menos cobertura de estas instalaciones, por lo que los ciudadanos tienen más problemas para sacar dinero. La situación empeora con los recientes márgenes para el uso de efectivo, tanto para consumidores como para empresarios.

Por un lado, Hacienda está desarrollando herramientas tecnológicas para detectar irregularidades con estos ingresos en distintos negocios y alertar de posibles fraudes fiscales. Durante el mes de julio ha entrado en vigor una nueva normativa al respecto, estableciendo nuevos límites máximos al pago con dinero metálico en los establecimientos.

Tal y como apunta la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) estas limitaciones no son nuevas, ya en 2012 se prohibieron las operaciones superiores a 2.500 euros. Ahora, la normativa ha cambiado rebajando aún más estos márgenes.

Cualquier consumidor que haga ingresos iguales o mayores a 1.000 euros tendrá que utilizar otro sistema, ya que no será posible realizarlo con dinero metálico. A partir de ahora, tendrá que usarse la tarjeta de crédito o los distintos servicios de transferencias cuando se hagan compras en establecimientos o tiendas.

Cabe destacar que estos límites son por cada operación por lo que si el ticket total supera la cantidad marcada, a pesar del fraccionamiento, tendrá que realizarse el pago con un método alternativo. Esto no solo se aplica a los billetes y monedas, también se tomarán en cuenta otros tipos como el oro o los cheques de viaje.

El principal objetivo es evitar posibles fraudes en estas operaciones, ya que por lo general resulta difícil rastrearlo y acreditar la identidad del portador. Gracias a ello se pondrá especial atención a los billetes falsos o aquellas transacciones que ocultan negocios ilegales.

Hay que seguir la normativa al completo para evitar posibles sanciones, ya que en caso de abonar un importe superior a 1.000 euros en efectivo el usuario tendrá que pagar un 25% de multa en función de la cantidad de la operación realizada. Además, no solo se meterá en problemas el comprador, Hacienda también puede reclamar al vendedor.

Igualmente existe un plazo para denunciar estas irregularidades por el cual el denunciante quedará exento de responsabilidad. La administración dará tres meses a los implicados para alertar de la infracción. Desde OCU advierten que uno de los métodos más eficaces para evitar problemas es solicitar una factura de la compra, ya sea pagando en efectivo, con tarjeta o mediante transferencia.