El nuevo cambio que afecta a las pensiones y a las pagas extra de los jubilados

La reforma, impulsada por el Gobierno a partir del acuerdo alcanzado en junio con los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme y de las nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo, deroga las principales medidas de la reforma del PP de 2013, recuperando el IPC como referencia a la hora de subir las pensiones y acabando con el factor de sostenibilidad, que preveía recortes en la cuantía de la pensión conforme aumentaba la esperanza de vida.

También contempla incentivos y penalizaciones para retrasar la edad de jubilación efectiva y acercarla a la edad legal, y establece por ley el refuerzo de los ingresos de la Seguridad Social a través de los Presupuestos Generales del Estado.

Tras su paso de la ponencia, el proyecto incorpora el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que prevé un aumento temporal de las cotizaciones a la Seguridad Social de 0,6 puntos durante diez años, entre 2023 y 2032, para llenar el Fondo de Reserva de cara a la jubilación de las generaciones del 'baby boom'.

Este mecanismo ha sido votado por separado, a petición de Ciudadanos, y ha sido avalado con votos del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Bildu y Compromís, mientras que PP, Vox, Ciudadanos y la CUP han votado en contra.

Otros cambios incorporados en fase de ponencia es la ampliación en el acceso a la pensión de viudedad por parte de las parejas de hecho, y el reconocimiento de un complemento a la pensión para carreras de cotización de 40 años que no alcancen 900 euros.

Por otro lado, la reforma de pensiones mandata al Gobierno por ley a revisar los criterios para determinar la cuantía de las pensiones mínimas para garantizar su suficiencia, a reformar los coeficientes reductores de la edad de jubilación para personas discapacitadas y a auditar los gastos asumidos por la Seguridad Social, de naturaleza contributiva y no contributiva.

Concretamente, la enmienda finalmente incluida compromete al Gobierno a encargar en el plazo de un mes máximo desde la aprobación de la ley un informe de auditoría de los ingresos en cotizaciones sociales y los gastos de Seguridad Social, de naturaleza contributiva y no contributiva, para cuantificar los gastos asumidos por el sistema entre 1967 y 2019.