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IDEAL | EUROPA PRESS
Lunes, 7 de marzo 2022, 10:56
Novedades en relación al tráfico. La nueva Ley de Movilidad Sostenible, cuyo anteproyecto se aprobó el pasado martes, habilitará a los ayuntamientos a establecer peajes urbanos en sus zonas de bajas emisiones, aunque siempre a iniciativa de los propios ayuntamientos, que serán los ... que definan cualquier sistema en sus municipios. Cabe destacar que, en muchas ciudades, para estas áreas se restringe la circulación de vehículos con el objetivo de establecer zonas limpias, principalmente en el centro de las urbes, y reducir así el impacto de las emisiones contaminantes y de CO2.
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Se trata de una habilitación por parte del Ministerio de Hacienda que añade este 'peaje' al conjunto de tasas que tienen las entidades locales, ante la petición por parte de algunos ayuntamientos, como el de Barcelona, para poder hacerlo.
En Londres, una tasa parecida lleva en vigor desde hace casi 20 años y su intención es desincentivar la entrada de vehículos privados en el centro de la ciudad para evitar un gran volumen de tráfico en zonas con prioridad peatonal, así como reducir la contaminación.
Actualmente, por normativas europeas, todos los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes --o de 20.000 en algunos casos-- están obligados a crear una zona de bajas emisiones, en las que pueden o bien prohibir la entrada de ciertos vehículos o, una vez se tramite esta ley, cobrar una tasa por entrar.
Junto con la Ley de Movilidad, el Gobierno también ha aprobado las medidas a las que se comprometió con los transportistas el pasado mes de diciembre, que incluyen la prohibición de que los camioneros hagan la carga y descarga o de que se pacte que los transportistas asuman el incremento del precio de los carburantes.
Los cargadores ya han trasladado su negativa a la introducción de estas medidas, ya que ahora serán ellos los únicos encargados de realizar la carga y descarga. En el Ministerio aclaran que los transportistas son «el eslabón más débil de toda la cadena», puesto que no tienen la misma capacidad de trasladar a los precios los incrementos que se dan a lo largo de esta cadena de suministro.
En el paquete de medidas aprobado por el Gobierno también se incluía una norma para introducir la revisión de precios en la obra pública, y amortiguar así el impacto del encarecimiento de las materias primas, o la racionalización del gasto, un elemento con el que el Ministerio prevé ahorrar hasta 8.000 millones de euros en ineficiencias en toda una década.
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