Once detenidos y más de cien denuncias, balance de la macro fiesta ilegal de Ciudad Real

Los hosteleros critican la pasividad de las administraciones ante esta 'rave' mientras ellos deben pasar innumerables trámites burocráticos para organizar fiestas

J. M. L.

Martes, 7 de enero 2025, 13:49

Once detenidos y 109 denuncias es el balance de la Big Fucking Party celebrada junto al aeropuerto de Ciudad Real. Una macro fiesta ilegal con 5.000 participantes que comenzó en Nochevieja, que ha llegado a su fin una vez pasada la festividad de Reyes y que se convocó a través de las redes sociales y de grupos de WhatsApp y Telegram con el fin de eludir el control de las fuerzas de seguridad.

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De las denuncias formuladas, 76 lo han sido por tráfico de drogas, delito que también ha motivado la mayoría de las detenciones, si bien también ha habido otras por requisitorias judiciales pendientes e intentos de agresión a agentes de la autoridad por parte de individuos que pretendían acceder a la fiesta.

Aunque por la zona -un polígono industrial perteneciente al aeropuerto de Ciudad Real- aún permanecen unos pocos vehículos de los 1.500 que llegaron a originar problemas de tráfico en las inmediaciones de Ciudad Real, la Subdelegación del Gobierno de España en Ciudad Real da por finalizada la fiesta «aunque mantendremos los controles en el entorno hasta que los terrenos se despejen totalmente», según indicó este martes el subdelegado, David Broceño.

Enfado entre los hosteleros

La 'rave' de Ciudad Real no ha dejado indiferente a nadie, tampoco a los hosteleros manchegos, que se han quejado de la pasividad de las administraciones no desmantelando la fiesta ilegal. «Se ha celebrado una actividad sin ningún tipo de autorización administrativa, lo que contrasta con la enorme burocracia que nos piden si somos nosotros los que queremos organizar una fiesta», declaró este martes el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería de Ciudad Real, Juan Daniel de la Rubia. «No ha habido inspecciones de trabajo ni sanitarias, cuando se ha vendido alimentación y bebidas. Tampoco han tenido que pagar impuestos y, encima, allí ha estado la Policía para que no pasara nada. A lo mejor deberían tratarnos igual a nosotros», añadió De la Rubia en tono de ironía.

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