Esto es lo que pasa si pagas más de 1.000 euros en efectivo

Esa cantidad máxima se fija en los 1.000 euros siempre que haya un profesional involucrado en la transacción. Es decir, afecta para los pagos en tiendas, talleres, restaurantes o por servicios como reformas y obras. De este modo, tal y como dice la Ley 11/2021, de 9 de julio, no se puede pagar más de dicha cantidad cuando hablamos de dinero en efectivo. Algo que es así como medida de prevención y lucha contra el fraude fiscal.

Y esto también afecta a los pagos entre dos profesionales. Incluso a los movimientos de dinero que se consideren en efectivo aún sin serlo. Es decir, los que no utilicen medios para identificar a quien cobra y paga, como pueden ser los cheques al portador.

Esta Ley contra el fraude fiscal es clara al respecto: si se realiza un pago superior a 1.000 euros la sanción será de una multa económica por el valor del 25% del total abonado en ese pago. Además, el Banco de España explica que la responsabilidad no solo cae en la persona que realiza el pago, sino también en la que lo recibe. Por lo que la cantidad de la multa se reparte entre ambas.

Eso sí, existen algunos casos en los que esta sanción se puede reducir. Por ejemplo, se rebaja un 65% por actas con acuerdo, un 40% por pronto pago y un 30% por conformidad. Y si uno de los dos responsables denuncia el movimiento a Hacienda en un plazo de 3 meses podrá quedar exento de pagar la sanción.

Esta ley que marca el límite para los pagos en efectivo también considera una situación de excepción para realizar este tipo de pagos por encima de los 1.000 euros. Este tiene que ver con las personas que poseen un domicilio fiscal en el extranjero y no son profesionales. Es decir, los turistas pueden pagar en efectivo hasta los 10.000 euros, superando el límite establecido en 1.000.

En lo relativo a la limitación para pagar en efectivo y su rebaja de 2.500 a 1.000 euros, todo tiene que ver con los posibles fraudes en los pagos por productos y servicios para los que no se emiten facturas. Sin embargo, a pesar de que este nuevo límite está en funcionamiento desde 2021, el Banco Central Europeo considera que se trata de un tope desproporcionado que reduce la capacidad del profesional por cuenta propia para cobrar por sus servicios. Así como la capacidad de elección del consumidor a la hora de pagar.