Policías españoles liberan a 1.200 esclavos sexuales y laborales

Varias jóvenes rumanas se quedaron prendadas de paisanos guapos, protectores y obsequiosos que les prometieron una buena vida en España. Es el engaño del 'lover boy'. A su llegada a Madrid el novio se convirtió en un desalmado proxeneta y las chicas en esclavas sexuales obligadas a vivir en condiciones higiénicas deplorables, maltratadas, golpeadas, amenazadas de muerte y prostituidas en jornadas interminables en sórdidos rincones de polígonos industriales como el Marconi o el de Vicálvaro.

La Policía Nacional ha liberado estos días a diez de ellas, una con discapacidad psíquica, y ha detenido a cinco de sus explotadores, que se quedaban con sus ganancias y las tenían prácticamente secuestradas desde hace meses, hasta que les pagasen una supuesta y enorme deuda por gastos de viaje y manutención que posiblemente no habrían saldado nunca.

Esta historia o la Faith, vendida por su familia a proxenetas después de haber atravesado el Sáhara desde Nigeria y llegado en patera a España, o la de María, una paraguaya que vino a Europa engañada con un supuesto contrato de empleada doméstica, u otras mucho peores, son las de las más de 1.200 mujeres y hombres víctimas de redes de explotación y trata de seres humanos que la Policía Nacional y la Guardia Civil rescataron el año pasado.

Son los esclavos del siglo XXI. Las víctimas de una actividad criminal de tal entidad y magnitud que, según los datos del Ministerio del Interior, es la más lucrativa tras el tráfico de drogas y tiene unos ingresos anuales similares a los del tráfico de armas. No es una exageración, es la denominación que dan a esta lacra los propios jueces y policías. Los rescatados en 2020 de las garras de 83 organizaciones criminales no solo eran utilizados en la prostitución, también eran explotados en talleres o negocios clandestinos, en el campo, en la mendicidad de semáforos, esquinas y supermercados, o vendidos para matrimonios forzados. En las operaciones se pudo arrestar a 673 de los delincuentes que se enriquecían vejándolos, despojándoles de todo derecho y utilizándolos como meras mercancías, según informó Interior en la jornada que se celebra el Día Mundial contra la Trata de Personas.

De los prostíbulos, los pisos, los parques o las calles fueron liberadas 560 víctimas, la absoluta mayoría mujeres, entre ellas nueve niñas, procedentes de capas muy vulnerables de la sociedad española, pero sobre todo de Colombia, Rumanía, Paraguay, Venezuela o China. Los estudios de Cáritas indican que el 90% de mujeres que ejercen la prostitución en España no lo hacen de forma voluntaria y que el 80% son extranjeras. En resumidas cuentas, que trata con fines de explotación sexual y prostitución en España son prácticamente lo mismo.

Las liberaciones, en cualquier caso, son solo la punta del iceberg de esta esclavitud alimentada por una sociedad, la española, la tercera del mundo con más puteros según las cifras de la ONU, y por un potente negocio en el que hasta que la ley del 'solo sí es sí' entre en vigor el próximo año no será delito regentar uno de estos cientos y miles de burdeles. Las propias estimaciones policiales apuntan a que en España puede haber entre 40.000 y 45.000 mujeres prostituidas, de países entre los que además de los anteriores destaca Nigeria. Una actividad clandestina que podría mover unos 20.000 millones de dinero muy negro al año.

La otra mitad de las liberaciones de 2020, más incluso, fue de esclavos laborales. Casi 650 personas. En este caso, la mayoría son hombres, entre ellos cinco niños, que han sido traídos a la fuerza o con engaños a sótanos, infraviviendas, barracones, naves u otros locales donde los hacinan y les obligan a trabajar en jornadas eternas, sin medidas de seguridad y sin derechos. Buena parte de los rescatados por las fuerzas de seguridad proceden de Honduras, Rumanía, Nicaragua o Marruecos. En sus operaciones de 2020 también salvaron a una mujer y dos niñas rumanas que iban ser obligadas a casarse a la fuerza y a siete chinos a quienes se les exigía realizar diversas actividades delictivas.

El Ministerio de Igualdad prepara en la actualidad una ley integral contra la trata de personas, que aspira a mandar al Congreso hacia finales de año. Además de implantar medidas para dificultar estas prácticas delictivas, pretende poner en marcha una red para la recuperación social de las víctimas, con ayudas económicas, legales y psicológicas y con itinerarios personalizados para mejorar su cualificación y su empleabilidad.