El riego ilegal en España ocuparía 100.000 campos de fútbol

WWF denuncia que en España se riega cada año de manera ilegal, con agua robada, una superficie de al menos 88.645 hectáreas, una extensión equivalente a la que ocuparían 106.000 campos de fútbol si se colocasen uno seguido del otro.

La organización naturalista ha dedicado un año a investigar la sobrexplotación y el robo en los cuatro acuíferos subterráneos más castigados del país y su conclusión es que se extraen ilegalmente unos 220 hectómetros, un enorme volumen que serviría para regar un territorio de 1,5 veces la superficie del término municipal de Madrid y que permitiría llenar más de 65.000 piscinas olímpicas.

Los investigadores aseguran que «el saqueo del agua subterránea es un grave problema alimentado por las expectativas que crea el apoyo al regadío de la política agraria» y no tienen duda alguna de que es consecuencia y solo posible por «la inacción y la permisividad de las distintas administraciones -Gobierno, autonomías y ayuntamientos- en las últimas décadas».

El caso más alarmante y «dramático» de robo de agua para riego se produce en el acuífero ciudadrealeño que históricamente ha alimentado el parque nacional de las Tablas de Daimiel, de donde WWF estima que se extraen ilegalmente cada año un volumen que permitiría llenar 62.300 piscinas para competición y que se utiliza para regar al menos 51.465 hectáreas, la misma superficie que ocupan 62.300 campos de fútbol. El resultado es que el nivel del acuífero ha caído a 20 metros bajo tierra y ha sumergido al parque en la seguía permanente.

El segundo gran saqueo se produce en el enorme acuífero que existe bajo las provincias de Ávila, Valladolid, Salamanca y Segovia. El depósito subterráneo de Los Arenales, bajo la meseta castellanoleonesa, ha sufrido una fuerte descenso en los últimos 15 años, hasta caer su nivel por debajo de los 25 metros de la superficie. La razón es la proliferación de pozos ilegales o explotados por encima de la concesión legal, gracias a los que se han convertido en regadíos unas 23.975 hectáreas, que ocupan el espacio de 29.000 campos de fútbol.

El tercer epicentro del riego ilegal en España es el Campo de Cartagena. La organización naturalista calcula que existen 8.460 hectáreas (unos 10.200 campos de fútbol) ubicadas en las cercanías del Mar Menor y mantenidas por pozos ilegales. Los vertidos de nitratos y fosfatos de estas explotaciones, que contaminan el acuífero y llegan a la laguna salada, son los principales responsables de que se haya convertido en «una sopa verde» y de que miles de peces y moluscos mueran asfixiados.

El cuarto mayor robo es en el detectado en el andaluz parque de Doñana, donde los técnicos de WWF calculan que en el corazón de este espacio protegido existen al menos 4.700 hectáreas regadas ilegalmente, la mayoría de fresas y frutos rojos. La consecuencia es que el parque ha perdido el 80% de sus marismas y el 90% de sus lagunas estacionales en el último siglo.

«Estos casos no son ejemplos únicos y aislados, sino una muestra de un problema mucho más generalizado que supone el uso ilegal del agua subterránea en España. El robo del agua es un escándalo para la sociedad y un delito que sucede por la impunidad y la inacción de las administraciones», asegura Rafael Seiz, experto del programa de agua de WWF.

«No podemos seguir hipotecando nuestro bien más preciado, especialmente ante la certeza del cambio climático que reducirá drásticamente el agua disponible. La agricultura ilegal y la impunidad de que goza amenaza no solo nuestros ecosistemas sino el agua de la que dependen millones de personas cuando no llueve», añadió.

«Reclamamos una acción contundente y eficaz a las administraciones para combatir este delito ecológico contra la naturaleza, nuestra seguridad hídrica y contra aquellos agricultores que sí cumplen con todas las normas», exigió el portavoz ecologista. WWF exige a las autoridades mejorar el control de las aguas subterráneas, modificando la Ley de Aguas y ampliando las plantillas y los recursos de los inspectores de aguas. También demanda que se ejecuten de forma urgente los procedimientos para el cierre de todas las extracciones ilegales de los acuíferos y que se sancione «a aquellos que se saltan la ley cometiendo este delito ecológico», al tiempo que pide que se reduzca la superficie legal de regadío.