La sanidad pública española hace un esfuerzo notable por incorporar a su arsenal farmacológico los medicamentos innovadores, los que permiten mejorar o complementar los terapias actuales o los que incluso suponen un rayo de esperanza para patologías sin tratamiento alguno, pero el tiempo de espera ... de los pacientes que los necesitan es demasiado largo.
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Esta es la principal conclusión del estudio comparado realizado en 36 países europeos por la consultora Iqvia para la Federación Europea de la Industria Farmacéutica. La investigación hace una radiografía de la capacidad y la diligencia de los estados continentales para incorporar los 167 fármacos innovadores revisados y autorizados para su distribución sanitaria por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) entre 2019 y 2022.
Lo positivo es que España es uno de los países europeos que más esfuerzo hace por aumentar y actualizar su cartera de medicamentos. A principios de este año los responsables sanitarios habían autorizado la financiación pública para la administración a los pacientes que los precisan de 103 de los nuevos fármacos visados por la EMA, lo que quiere decir que incorporaron al arsenal terapéutico español un 62% de estas novedades, casi dos de cada tres.
El porcentaje significa dos cosas. Que está en la cabeza de los países europeos que más medicamentos innovadores incorpora a sus hospitales y centros de salud y que el esfuerzo va a mas. El 62% supone cuatro puntos más de esfuerzo que doce meses antes y nueve puntos de mejora sobre hace dos años, un aumento que se produce mientras los principales socios sufren retrocesos. España tiene 20 puntos más de incorporación de nuevos fármacos que la media europea (43% de los autorizados). Todavía está lejos de la capacidad de Alemania (88% de incorporaciones) y de Italia (77%), pero ya ha igualado a Francia y ha sobrepasado con claridad al Reino Unido (56%), que hace solo dos años le sacaba 15 puntos de ventaja.
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Lo negativo, la lentitud del proceso de autorización de nuevos fármacos. España, de media, tarda cuatro meses más en incorporar los medicamentos innovadores que el resto del continente. Mientras la media europea de espera desde la autorización de la EMA es de 531 días (casi un año y medio), nuestro país está en los 661 (uno año y diez meses). El problema es que estas dilaciones, que se traducen en esperas desesperantes para algunos enfermos, no solo no se reducen sino que incluso empeoran. El plazo medio de incorporación de este tipo de terapias fue en 2023 un mes más lento que un año antes y casi cinco meses más prolongado que hace dos años.
El segundo elemento negativo es que algo más de la mitad de estos fármacos novedosos para los que se autoriza su inclusión en la cartera de financiación pública se dispensan con restricciones e indicaciones muy específicas sobre los enfermos para los que pueden ser prescritos por los médicos. Los nuevos fármacos con disponibilidad restringida en España han aumentado en once puntos, hasta el 52%, en solo dos años.
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El director general de Farmaindustria es, sin embargo, es optimista sobre la capacidad española para enderezar la parte negativa de este proceso. Según Juan Yermo, «aumentar el número de medicamentos disponibles y reducir los retrasos en su incorporación en el Sistema Nacional de Salud es uno de los grandes pilares del Plan Estratégico de la Industria Farmacéutica que estamos ultimando junto al Gobierno». Asegura que este plan, que calificó de «proyecto de país», es «un proyecto ambicioso y realista para que España se convierta en unos años en uno de los pocos centros logísticos mundiales de innovación biomédica, investigación clínica y preclínica de vanguardia, producción de medicamentos (incluyendo biológicos y terapias avanzadas) y cuyo objetivo final es mejorar y acelerar la llegada de los nuevos medicamentos a todos los pacientes que los necesiten y cuando los necesiten».
No obstante, la asociación que engloba a las farmacéuticas radicadas en España ha realizado al Gobierno otra propuesta específica para minimizar las esperas más urgentes mientras las autoridades deciden si se incorpora o no un nuevo medicamento a la financiación pública. Se trata de crear una excepción de acceso precoz al fármaco, limitada a los enfermos que más necesitan esta terapia, bien por su estado de especial gravedad bien por carecer de alternativa terapéutica. Una fórmula para acelerar la llegada cuando el beneficio es muy relevante.
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Farmaindustria plantea, sin necesidad de abordar cambios normativos, un procedimiento que permita una autorización de financiación acelerada, en un plazo máximo de 90 días, para todos los pacientes que (seleccionados por la Administración) cumplan ciertos criterios que hagan más urgente la recepción del medicamento.
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