El Gobierno quiere que la atención a domicilio sea la norma y las residencias la excepción

La nueva estrategia, que contará con financiación para su puesta en marcha procedente de fondos europeos en una cantidad aún sin determinar, tiene como objetivo acabar con un modelo de cuidados que Pablo Bustinduy tildó de precarizado, insuficiente y centrado en una atención institucionalizada mediante el formato de las grandes residencias. El ministro plantea pasar a un modelo en el que la atención se adapte al máximo a las necesidades de cada beneficiario, que deberá poder seguir como norma general en su casa, en su barrio y con su vida, que es la que demanda la mayoría.

La idea es que los nuevos servicios públicos de cuidados busquen un trato personalizado, con atención a pequeña escala y de proximidad, por lo que se basarán en la potenciación de la atención domiciliaria y de la teleasistencia, en el aumento del número de centros de día y en la reconversión de las grandes residencias -empezando por las de nueva apertura y adaptando después las existentes- en núcleos de convivencia de tamaño reducido, conectados con la comunidad donde se ubican, con un trato individualizado y con un ambiente hogareño.

La atención domiciliaria, que ampliará su cartera de servicios y sus plantillas, se estructurará en pequeños equipos de proximidad que procurarán atender a las mismas personas en las mismas zonas, para así minimizar desplazamientos y rotaciones, poder conocer mejor al dependiente y darle un trato más familiar. La teleasistencia pasará a ser un derecho de todo el que la precise y no se ceñirá exclusivamente a lo asistencial sino que deberá ser proactiva, mantener una relación fluida con el beneficiario, conocer su situación emocional y utilizar sistemas y elementos innovadores que le den seguridad para su vida autónoma.

La estrategia, de hecho, tiene que buscar la mayor autonomía posible del dependiente. Tiene que empezar por garantizarle elementos estructurales indispensables como la vivienda, la atención a la salud, unos ingresos suficientes y un hogar y un entorno accesibles. También tiene que establecer mecanismos de detección precoz de los riesgos de «institucionalización» para actuar con medidas rápidas que lo eviten.

El segundo gran objetivo de la nueva estrategia es garantizar «dignidad y derechos» a quienes cuidan, tanto a las profesionales, con malas y precarias condiciones laborales, como a las familiares, en su mayoría hijas, madres o parejas femeninas faltas de ayuda y protección. Las empleadas de residencias y ayuda a domicilio, unas 600.000, un tercio de ellas con empleos a tiempo parcial, cobran entre el 40% y el 60% menos del salario medio español.

El plan a ejecutar entre 2024 y 2030 pretende mejorar las condiciones de estas trabajadoras para garantizar sus derechos, pero también para revalorizar un trabajo que precisa de ampliar y rejuvenecer sus plantillas. Es el motivo por el que el Gobierno va a poner en marcha en breve una mesa de diálogo social para mejorar las condiciones y el trabajo en el sector con la participación de patronales y sindicatos y va a crear otro grupo de trabajo con el mismo objetivo con las autonomías.

El soporte jurídico de esta estrategia lo aportará este verano el Consejo de Ministros con la aprobación de un anteproyecto de ley que introducirá un amplio paquete de reformas tanto en la norma que regula la atención a la dependencia como en la que define los derechos y las ayudas a las personas con discapacidad.