Quien se niegue a 'soplar' en un área sin alcohol pagará hasta 600 euros

En la misma categoría de infracciones leves, también sancionadas con entre 60 y 600 euros, están el consumo de alcohol por menores o su ingestión por adultos cuando lo hagan en los lugares o espacios vetados por la ley. Si los adolescentes no pueden hacer frente a las multas las tendrán que abonar sus padres o tutores, pero también se les dará la oportunidad de eludir el pago si participan en programas homologados de sensibilización y concienciación sobre los riesgos del alcohol o de tratamiento o rehabilitación si tienen consumo problemático.

El siguiente escalón de sanciones, las graves, se castigan con multas de 601 a 30.000 euros y pueden incluir la suspensión o cierre temporal de su actividad, centro o negocio por hasta tres años. Estas penalizaciones se prevén para el adulto que compre alcohol a menores, para quienes incumplan las limitaciones puestas a la publicidad de esta droga legal y para quienes sirvan o vendan esta clase de bebidas en los lugares o situaciones prohibidas.

Este último grupo, además de a colegios, canchas y similares, incluye a las tiendas con productos destinados mayoritariamente a niños pero que venden algún tipo de alcohol y a la venta callejera sin licencia de estas bebidas. La misma multa recibirán quienes incumplan la obligación de certificar la mayoría de edad del cliente que va a sacar una lata o botella de un máquina expendedora de su negocio o los autoservicios que no coloquen en un aparte, fuera del alcance de los menores, las bebidas alcohólicas. Los tiendas de barrio y negocios minoristas recibirán una formación específica para conocer sus nuevas obligaciones cuando se apruebe esta ley.

Quienes actúen poniendo en mayor riesgo la salud de los ciudadanos, especialmente de los niños, con clara intencionalidad, con reincidencia o con grandes beneficios podrán recibir las sanciones muy graves, que llegarán a los 600.000 euros, al cierre de negocios o centros por hasta cinco años y a la pérdida de ayudas oficiales. Como en el resto de las infracciones, se decomisarán las bebidas y el dinero obtenido y se les podrá prohibir la contratación con las administraciones públicas por un período de dos a seis años.

Otro de los efectos de esta ley, si este punto no varía antes de su aprobación, es que desaparecerán de la vía pública todos los toldos, carteles, grabados y mobiliario de terrazas de bares y restaurantes que incluyan la marca o el logotipo de alguna empresa de bebidas alcohólicas y estén a menos de 200 metros de colegios, centros sanitarios o sociales, parques o lugares de ocio infantil. La norma, que prohíbe toda publicidad de alcohol en la calle, incluirá en la limitación de los 200 metros también los logos y marcas aunque promocionen productos 0.0%. El famoso cartel de 'Tío Pepe' ubicado en la Puerta del Sol madrileña parece que se podría salvar de la reforma, ya que no tiene colegio o parque alguno en al menos dos centenares de metros a la redonda.

El veto a la publicidad de bebidas alcohólicas en la vía pública incluye toda clase de patrocinio, las marquesinas de autobuses, el transporte público y las sedes de las administraciones y organismos públicos. Las limitaciones de la futura ley harán también desaparecer de cualquier formato de anuncio o promoción las «recomendaciones» de los productores para que se haga un consumo «moderado» o «responsable» de sus bebidas. Javier Padilla explicó que no pueden permitirse estas expresiones porque todos los estudios científicos indican que el único consumo de alcohol que no causa daños a la salud es el cero.