Sanidad activa la ley que limitará al máximo la gestión privada de centros públicos

La actual ministra, Mónica García, quiere cerrar esa vía porque entiende que el procedimiento no ha traído mejoras para el servicio sanitario y los pacientes sino «solo beneficios obscenos a algunas empresas» a costa del dinero público, además de noticias y sospechas sobre «comisiones, lucros cesantes y otros usos indecentes» de los recursos públicos. En definitiva, García considera que este procedimiento solo «ha deteriorado y vendido la sanidad española».

La futura norma salió hoy a consulta pública previa hasta el 28 de mayo. Es el primer paso obligado de cualquier proyecto de ley. Es cuando los ciudadanos y organizaciones interesadas envían sus aportaciones e ideas sobre lo que creen que debería incluir la regulación. Pero el documento con el que Sanidad explica por qué es necesaria la ley deja claras cuáles son algunas de sus intenciones con la reforma.

El objetivo primero es limitar al máximo la posibilidad de que una entidad privada con ánimo de lucro gestiones un centro de salud, un hospital o cualquier otro servicio de la sanidad pública, porque pretende establecer de «forma clara» el compromiso de «la prioridad absoluta de la gestión pública en la prestación de servicios sanitarios». La ley indicará qué entidades podrán o no gestionar centros públicos o subcontratar servicios, en qué casos y bajó qué condiciones.

Pero la norma no solo introducirá restricciones a futuro. También aumentará las exigencias de transparencia, auditoría y rendición de cuentas a cumplir por las empresas que hoy ya gestionan centros públicos y, además, creará procedimientos para facilitar la reversión a la gestión pública de los servicios privatizados, que hoy en algunos casos ha resultado una operación prácticamente imposible.

La ley, que será monográfica sobre esta materia, tendrá un segundo pilar como es introducir al marco legislativo elementos que favorezcan la integridad de la gestión pública sanitaria y que prevengan el fraude, así como aumentará las garantías, el control y el seguimiento de los contratos en el Sistema Nacional de Salud, para evitar que se repitan escándalos como los ocurridos durante la pandemia con suministros como las mascarillas.

El documento explica que el ministerio se encamina a esta reforma porque rechaza la introducción de la lógica del beneficio en la sanidad, algo que cree que deteriora la calidad y el servicio al paciente, y porque entiende que el propio sistema ha provocado toda una lista de resultados «indeseables». Cree que muchas de las concesionarias trabajan sin control público y con contratos blindados, que en algunos lugares se producen derivaciones interesadas de pacientes a otros centros y que hay «falta de transparencia en la liquidación de los pagos por parte de las administraciones a las empresas prestatarias de los servicios contratados».