El Senado ratifica el compromiso español de cero emisiones para 2050

El Senado ratificó esta mañana el compromiso de España con los Acuerdos de París y con el objetivo de que en 2050 las familias e industrias hayan dejado de arrojar gases de efecto invernadero a la atmósfera. Se alcanzará la «neutralidad climática» por las bajísimas emisiones de dióxido de carbono que habrá en ese momento, que en la práctica serán cero porque las compensarán las capturas de CO2 de los sumideros naturales, nuestros mares, bosques y lagunas.

La ley española contra el cambio climático, la norma que marca este objetivo y que fija las principales medidas para alcanzarlo, fue respaldada por la Comisión de Transición Ecológica del Senado sin cambio alguno de calado sobre el texto ya aprobado por el Congreso. Dejaron preparado el dictamen final que, sin previsibles modificaciones, ratificará el próximo miércoles el pleno de la Cámara Alta. El segundo respaldo legislativo permitirá que la norma, calificada por casi todo los partidos como «histórica», entre en vigor en unas tres semanas, en cuanto reciba la aprobación definitiva del Congreso y sea publicada en el BOE.

La nueva ley, que aspira a frenar el aumento de la temperatura de la Tierra entre 1,5 y 2 grados centígrados, para evitar las hambrunas, plagas y catástrofes naturales que provocaría un calentamiento mayor, logró, con ocurriese en el Congreso, el respaldo mayoritario de los senadores, con el único 'no' frontal de Vox y la abstención del PP y de Más Madrid.

La formación de ultraderecha se enrocó en que «está por demostrar que el cambio climático esté provocado por el hombre», calificó la norma de «ideario liberticida» y restó importancia a su soledad política porque «somos los únicos con los pies en la tierra». Pese a ello tuvo que escuchar cómo el senador Vicenç Vidal (Més) le reprochó irónico: «Cualquier niño de Primaria tiene hoy en día más información y sentido común que ustedes». Más País negó el 'sí' por reclamar recortes de emisiones más ambiciosos y el PP porque acusa al PSOE de no buscar el consenso.

Lo que sí fue general es la crítica de todos los partidos al Gobierno por provocar una tramitación exprés en el Senado, que el 28 de abril habrá ventilado la revisión del texto del Congreso en 14 días. Esta urgencia se ha traducido en que las únicas tres enmiendas aceptadas sean puras correcciones técnicas presentadas por el PSOE.

El Parlamento español dejó vista para sentencia la nueva norma la misma semana que el mundo ha recuperado la esperanza de frenar a tiempo el calentamiento global con el retorno de EE UU -el segundo mayor emisor de CO2- a los Acuerdos de País. Joe Biden prometió que para 2030 habrán reducido las emisiones entre un 50% y un 55%, casi el doble de lo que prometió Barack Obama, noticia feliz que fue agrandada por el anuncio del primer ministro británico, Boris Johnson, de elevar el recorte en su país al 78% en 2035. La senadora socialista y exministra Cristina Narbona alabó la «enorme ambición climática» demostrada por Biden y Johnson y defendió que la aprobación de esta ley coloca a España junto a ellos y a la UE en el liderazgo mundial para frenar el calentamiento global.

La ley española se marca como objetivos para 2050 la «neutralidad climática» y que el 100% de la electricidad proceda de fuentes renovables. Pero no quiere hacerlo a cualquier ritmo. Es fundamental que buena parte de la reducción de emisiones se logre para 2030, pues, de no ser así, los científicos temen que el fenómeno sea ya irreversible. Por ello, prevé que, para dentro de nueve años, España habrá reducido sus emisiones de CO2 un 23%, momento para el que ya se habrá logrado que el 42% de la energía consumida -incluido transporte e industria- proceda de renovables, y la eficiencia energética habrá aumentado un 39,5%. Además, el Gobierno se compromete a revisar «al alza» estos objetivos para 2030 en solo dos años, en 2023.

Entre las medidas principales para alcanzar la neutralidad, además de la generalización de las energías renovables, están el fin en 2040 de las ventas de turismos nuevos que quemen combustibles fósiles y su retirada de la circulación en 2050; la implantación de zonas de bajas emisiones en todas las ciudades de más de 20.000 habitantes antes de 2023; y el fomento de la movilidad eléctrica, del transporte público y de los puntos de recarga en gasolineras y viviendas.

La ley supondrá el fin de la extracción de hidrocarburos y carbón y a la prohibición del 'fracking'. Con su entrada en vigor, no se autorizarán nuevas explotaciones de combustibles fósiles, pero tampoco de uranio, el alimento de las nucleares, que van camino del cierre.

La norma prevé el uso de materiales con baja huella de carbono para la construcción e importantes incentivos a la rehabilitación de viviendas, enfocada al ahorro energético, al autoconsumo y al uso de renovables. La regulación no permitirá construir en las costas con incidencias de cambio climático y la instalación de parques eólicos y solares deberá ser «compatible con la conservación del patrimonio natural».